Desde que el bipartito creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), las palas de la Xunta redujeron a escombros más de 300 edificaciones ilegales en Galicia. Tantas como se propone echar abajo entre este año, el próximo y 2016. La previsión para este año era demoler un total de 80 construcciones levantadas en suelo rústico y en zonas no edificables de la costa. El objetivo va camino de cumplirse ya que entre enero y junio, las piquetas ya derribaron un total de 46 casas unifamiliares y galpones. A Coruña y Pontevedra concentran la mayoría de las irregularidades urbanísticas: el 85% de las órdenes de demolición afectan a construcciones ilegales ubicadas en las franja atlántica.

En los últimos seis años, las palas de la APLU actuaron en uno de cada tres ayuntamientos gallegos -42 de la provincia de A Coruña, 21 de Lugo, 20 de Ourense y 27 de Pontevedra-. En el mapa urbanístico de la Xunta hay más de una veintena de municipios marcados en rojo ya que concentran la mitad de los derribos ejecutados en toda la comunidad desde 2008, entre ellos Arteixo, Oleiros, Sada, Malpica o Fisterra, en A Coruña; Sanxenxo, O Grove o Cangas, en Pontevedra; San Cibrao, en Ourense, o la ciudad de Lugo.

De los 46 derribos ejectudos en la comunidad durante el primer semestre del año, la provincia de A Coruña concentró la mayoría (25), seguida de Pontevedra (14), Lugo (5) y finalmente Ourense (2).

La piqueta de la APLU se ha empleado a fondo contra viviendas unifamilares, naves o galpones construidos en suelo rústico o en zona de costa no edificable. Por el contrario, urbanizaciones y establecimientos hoteleros en primera línea de playa que fueron declarados ilegales todavía siguen en pie.

Hay ejemplos de esta situación por la todo el territorio gallego. Fisterra en uno de ellos. A principios de año, la Xunta impuso 400.000 euros a los propietarios de tres chalés parados en 2010 en la playa de Mar de Fóra. El expediente señala que las obras fueron realizadas sin licencia ni autorización autonómica en suelo rústico de protección de costas. Si los dueños acceden a su derribo, la cuantía de la sanción se reducirá un 80%.

Una de las últimas edificaciones derribadas en Fisterra fue una vivienda unifamiliar. El expediente constata una infracción muy grave en suelo no urbanizable especialmente protegido. La estructura se derribó el pasado mes de marzo.

La situación es muy diferente para seis edificios con 168 pisos de cuatro promotoras distintas levantados en la recta da Anchoa que fueron declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Pese a que las sentencias son firmes y contra ellas no caben recursos, las viviendas continúan en pie en el municipio costero, donde la construcción se disparó más de un 400% entre 2004 y 2007.

Una situación similar se da en O Grove, otro de los municipios gallegos donde las piquetas de la APLU actuaron de manera intensa. Las excavadoras derribaron el pasado mes de febrero una vivienda unifamiliar levantada en suelo rústico de protección de costas. A unos cuantos kilómetros de la zona donde fue derribada esta vivienda siguen en pie 52 chalés de lujo. La urbanización que mira a la playa de Os Raeiros fue construida en 1991 sobre suelo rústico y con licencia de apartotel. Tras una catarata de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal de Xustiza desestimó el último recurso de la promotora. La sentencia que ordena la demolición es firme, pero por el momento, las piquetas todavía no actuaron.