A pesar de que la plantilla de funcionarios de Prisiones tanto en Galicia como en el resto de comunidades ha sufrido recortes en los últimos años y cada vez los centros penitenciarios cuentan con menos vigilantes, el Ministerio de Interior hará efectivo desde hoy su plan para incorporar vigilantes de seguridad privada para controlar el exterior de las cárceles. Hasta ahora eran los agentes de la Guardia Civil los que realizaban esta tarea pero desde hoy serán 800 vigilantes privados los encargados de asumirla en un total de 67 prisiones de toda España, sin incluir los centros de inserción social. El Gobierno central ha destinado más de 33 millones de euros para la contratación de los efectivos.

El proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el exterior de las cárceles se implantó ya el año pasado en una veintena de prisiones, entre ellas las de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra) y a partir de hoy se extenderá ya de forma oficial al resto de centros. El año pasado el departamento estatal contrató a 250 agentes para esta fase experimental y este mes incorporará al programa 550 efectivos más hasta alcanzar los 800 comprometidos.

La cuantía que el Ministerio de Interior dedica al proyecto se invertirá en las prestaciones que cobrarán por hora los vigilantes encargados de velar por la seguridad del exterior de las cárceles españolas. Fuentes del sindicato CSIF Prisiones explicaron ayer que aunque hoy se pone en marcha el modelo privado en todas las prisiones todavía no se ha trasladado a los agentes sociales el precio del servicio ni el montante total. Añaden que a los servicios cuya prestación necesite el uso de arma se le aplicará un "sobrecoste" y que la duración del contrato será de un año con posibilidad de prórroga.

Para los representantes de CSIF Prisiones esta oferta de empleo privada de 800 trabajadores contrasta con una oferta de empleo público "insuficiente" con la incorporación de 84 funcionarios en los tres últimos años destinados a los 14 nuevos centros de reinserción social y cinco macrocentros abiertos entre 2009 y 2012. Desde la organización sindical advierten de que los recortes de funcionarios en cárceles afectan a la calidad del servicio que prestan, que además "pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que sufre el colectivo". De hecho, las últimas estadísticas de los sindicatos de prisiones revelan que en diez años se registraron cerca de 3.000 ataques de reclusos en las cárceles del país. Solo el año pasado se contabilizaron un total de 329, lo que supone un incremento de casi el 50% respecto a las 220 ocurridos en 2003. En el centro coruñés de Teixeiro también cuentan con incidentes de este tipo y en menos de un mes un preso incendió hasta en dos ocasiones su celda y agredió a cuatro funcionarios, a uno de ellos llegó a cortarle la cara con el hierro de su cama.

El CSIF Prisiones alerta de que esta falta de recursos humanos aboca a "un fallo" en el sistema penitenciario que además padece "un envejecimiento paulatino" de las plantillas. La edad media de los trabajadores ronda entre los 48 y 58 años, por lo que estiman entre 350 y 400 jubilaciones anuales. Esta situación "dramática" en el sector público se produce al mismo tiempo -añaden- que el Gobierno hace un gasto también público para empresas privadas pero solo baraja reponer la mitad de efectivos por cada 10 funcionarios jubilados.