La dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia y su abandono de la política le ha llevado, como presidente autonómico de la Comunidad de Madrid que fue, al Consejo Consultivo de esta región con un sueldo anual de 100.566 euros. Y fue este movimiento el que puso el foco, y avivó la polémica, sobre la utilidad de estos organismos que en muchos casos parece un retiro dorado para altos cargos de la administración. Salvo Cantabria, todas las demás comunidades tienen sus propios consejos consultivos, que funcionan en el ámbito autonómico como el Consejo de Estado, órganos todos ellos que emiten opiniones sobre determinadas leyes y decretos y, en especial sobre reclamaciones patrimoniales que cursan los ciudadanos contra las administraciones.

En Galicia también existe este órgano en el que tienen cabida cinco miembros electos y los expresidentes autonómicos como integrantes natos, siempre que estos decidan incorporarse. Xerardo Fernández Albor, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño forman parte del Consello Consultivo. Todos los miembros cuentan con un sueldo de 58.659 euros anuales, lo mismo que un conselleiro de la Xunta o del Consello de Contas. En el caso del presidente, las retribuciones llegan a los 62.223 euros.

Con la descentralización, las autonomías trasladaron a sus respectivas estructuras administrativas -salvo Cantabria- la figura del consejo consultivo, una especie de réplica del Consejo de Estado. No obstante, su sistema retributivo es muy distinto entre las regiones, aunque sus funciones son similares.

En Galicia se atendieron reclamaciones ciudadanas por la caída de una persona en la calle por el mal estado de la acera, por un accidente de tráfico por falta de señalización o por cruzarse una animal en la calzada, por revocar una autorización que permitió colocar un toldo en un negocio, por un resbalón en una pista de atletismo, por denegar una licencia de caza, por los daños causados por un oso en colmenas, por asistencia sanitaria deficiente, por negar un permiso de obras...

El Consello Consultivo emitió el pasado año 1.063 dictámenes. Su presupuesto es de 1,99 millones y destina 483.000 al pago de las nóminas. Es un órgano de asesoramiento de la Xunta, las demás administraciones públicas y las universidades. Pero a lo largo de su historia ha sufrido algunas reformas. Con Touriño en la Xunta se modificaron sus reglas para que los expresidentes autonómicos se consideraran miembros natos. Se le quería, por entonces, dar una salida honorable a Manuel Fraga tras su desalojo de San Caetano. Pero Fraga nunca se incorporó. Se fue al Senado. Pero esta vía es la que permitió entrar en el Consultivo al propio Touriño, a Laxe y a Albor, que aún siguen. Su estancia no puede superar los seis años, ya que se contempla una prórroga por otros seis años, pero para eso se requiera que al menos fueran durante cuatro años presidentes de la Xunta. Y ninguno lo fue.

Ya con Feijóo se aprobó otro cambio. Los cinco miembros electos -ahora mismo solo hay cuatro- dejaron de ser nombrados directamente por el titular de la Xunta para que tres de ellos fueron propuestos por mayoría cualificada por el Parlamento. Todos tienen que ser juristas de reconocido prestigio. Y el sueldo es el mismo que el de un conselleiro del Gobierno gallego, a pesar de que no tienen responsabilidades ejecutivas.