Nada más asumir la cartera de Justicia, Rafael Catalá anunció, en presencia de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, "el análisis y la mejora" de las tasas judiciales. Esta semana, lo reiteró durante su encuentro en Madrid con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien también le garantizó que mantendría el actual mapa judicial, tumbando así la supresión de partidos judiciales promovida por Gallardón.
La ley de tasas fue aprobada a finales de 2012 con el rechazo en bloque de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y procuradores. Una vez aprobada, la defensora del pueblo pidió que se suavizasen las nuevas tasas, lo que forzó al departamento de Gallardón a reformar la ley tan solo tres meses después de su entrada en vigor.
En Galicia, el primer año de aplicación de las nuevas tasas supuso unos ingresos en las arcas de la Justicia de 13,5 millones, una cifra que triplica los 5,1 millones del ejercicio anterior.
A Coruña se convirtió el año pasado en la provincia gallega donde más recaudaron los tribunales: 6,2 millones, seguida por Pontevedra (4,4), Ourense (1,5), y finalmente Lugo. El mayor incremento respecto a 2012 se produjo en Ourense (30 veces más que el ejercicio anterior).
