"Hoy más que nunca, la Justicia es un factor clave para la regeneración de la democracia, afectada por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones derivada de los graves casos de corrupción". Es una de las conclusiones de la reunión anual de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia celebrada esta semana en A Coruña cuyas conclusiones presentó ayer el responsable del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas. Entre sus propuestas para luchar contra la corrupción abogan por "una reforma integral" de la Justicia que incluya medidas como una "reducción al máximo de aforados" y más medios para "agilizar" los procesos complejos.
En el acto de clausura también participó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien reconoció que es necesario realizar reformas para "no dejar ningún resquicio" a los corruptos y que tengan "el reproche penal adecuado". Es consciente de que hay que "perfeccionar" los tipos penales pero considera que el Estado de Derecho "funciona". Catalá niega que el elevado número de casos de corrupción evidencie fallos en el sistema judicial. "Lo que se pone de manifiesto es que el que comete algún delito acaba ante los tribunales con las condenas correspondientes", explicó.
En la misma línea se pronunció ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, que coincide con el responsable del Ministerio de Justicia en que en España "no hay impunidad y se persigue a los corruptos sea quien sea". Eso indica -añadió- que los controles son efectivos aunque "siempre hay margen para mejorar los filtros que impidan que este tipo de conductas puedan repetirse en el futuro".
Además de la aclaración de los tipos penales, Rafael Catalá se comprometió ayer en A Coruña a que el Gobierno llevará a cabo "cuantas medidas sean necesarias" en la lucha contra la corrupción. El ministro ha trasladado estos días al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su compromiso de abordar las reformas procesales y escuchar las recomendaciones del Ministerio Público, y se ha comprometido a adecuar la reforma del Código Penal a la realidad social en la lucha contra la corrupción.
El Ejecutivo central reactivará el próximo mes los dos proyectos de ley con medidas anticorrupción y de regeneración democrática y prevé que se manden al Senado para aprobarlos en el primer trimestre de 2015, haya o no acuerdo con los demás grupos parlamentarios.
Para los Tribunales Superiores de Justicia, la erradicación de la corrupción pasa por reducir los aforados y siempre "respecto de delitos cometidos durante el ejercicio del cargo"; crear un nuevo modelo de proceso penal que dé respuesta a "las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas"; y poner en marcha una nueva planta y demarcación judicial más racional y eficiente. En este sentido, el ministro de Justicia admite que los partidos judiciales pueden modificarse pero "sin perder de vista su aspecto cultural". El mapa judicial gallego se mantiene por ahora sin cambios con 45 partidos judiciales, después de que Catalá tumbase la reforma de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, que promovía la supresión de estos organismos centralizando su actividad en los tribunales de instancia.
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia reclaman además medidas legislativas y refuerzos de medios personales y materiales en los órganos judiciales "saturados" que permitan que las instrucciones penales compleja -sobre todo las relacionadas con la corrupción -sean más rápidas y se resuelvan en plazos "razonables" para que, como aseguró la semana pasada el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, no se conviertan en "macroprocesos ingobernables". El Gobierno -aseguró Catalá- también trabaja en el Proyecto de Reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que ofrezca la opción dividir los sumarios complejos en piezas separadas y evitar así que estas causas se demoren años.
