El reguero de cargos políticos imputados ha abierto el debate sobre su presencia en candidaturas electorales. En Alicante, a instancias de UPyD todos los partidos, aprobaron no llevar imputados en sus listas y la formación de Rosa Díez intentará extender este acuerdo a otras partes del territorio. En Galicia, sin embargo, ni PP ni PSdeG vetan a imputados. BNG y EU excluyen solo a quienes son investigados por corrupción. Y únicamente Anova y Podemos les cierran las puertas.

Imputado, dícese de la condición que adquiere una persona afectada por una investigación penal como sospechosa de un delito, que puede o no haber cometido. No es, por lo tanto, sinónimo ni de acusado ni de culpable. Partiendo, por lo tanto, de la presunción de inocencia pero valorando el hastío y la indignación de la ciudadanía ante los crecientes casos de corrupción y la ética de colocar en un cargo público a una persona que está siendo investigada por la justicia, ¿cuál es el criterio de los partidos gallegos a la hora de incluir o no imputados en sus listas electorales? No hay una norma uniforme, cada formación tiene sus reglas que incluso se llegan a contradecir con decisiones que adoptan en otras partes del Estado y que dejan cierto margen a la arbitrariedad. Solo Anova y Podemos, las únicas formaciones sin imputados y cuya presencia en cargos públicos es aún limitada o nula, son tajantes y cierran las puertas a cualquier político que cargue con una imputación, sea por corrupción o por otros motivos.

UPyD quiere impulsar iniciativas en todo el territorio para vetar la presencia de imputados en las candidaturas electorales. En Alicante, donde gobierna la popular, Sonia Castedo, investigada en dos casos judiciales, la formación de Rosa Díez logró el apoyo de todos los partidos, incluido el PP y el PSOE, para aprobar una declaración institucional por la cual todas las fuerzas se comprometen a no incluir imputados en sus listas para 2015. La próxima votación será en Burgos.

Desemputación en Ferrol

Lo que apoyaron PP y PSOE en Alicante, sin embargo, no podría trasladarse a Galicia. Los populares gallegos no van a impedir la presencia de imputados en las candidaturas. "No se puede generalizar. Vamos a estudiar caso a caso", explican.Desde el PPdeG se aferran ahora la desimputación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, para justificar su criterio. "Se pueden cometer ciertas injusticias", explican fuentes populares.

La cuestión es aplicar el mismo rasero a todos los casos. Dentro del PP hubo cargos que dimitieron tras ser imputados como el concejal de Nigrán,José Álvarez Valverde, involucrado en la operación Patos, mientras que otros como el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, no solo continúa en su puesto sino que el partido ya confirmó que optará a la reelección. En este sentido, el PPdeG aclara que dependerá de las "circunstancias". "Si tiene medidas cautelares es un plus", ponen como ejemplo. "Y no es lo mismo un delito de cohecho, del que se le acusa a la alcaldesa de Alicante, que estar imputado por un presunte enchufe, como es el caso del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores", añaden.

Los populares gallegos defienden además que no contradicen las directrices estatales pese a que el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, aseguró: "La gente implicada en asuntos de corrupción, imputados, no van a ir en las listas electorales del PP". "Sus palabras se malinterpretaron porque a continuación dijo que se estudiaría caso por caso", argumentan desde el PPdeG.

El PSdeG tiene un criterio definido y por escrito sobre la inclusión de imputados en las listas. "Todo cargo socialista al que se le abra juicio oral o tenga medidas cautelares dimitirá y no será candidato", explican los socialistas. Esta regla, sin embargo, permitiría que imputados como el alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, se presente a la reelección. En todo caso, los socialistas advierten que elegirán a sus candidatos a las ciudades en primarias y eso supondrá una segunda criba. De esta manera, serán los militantes los que decidan si, por ejemplo, Pachi Vázquez, imputado por prevaricación, y que opta a alcaldable en Ourense, sea el cabeza de cartel.

El BNG vetará en sus listas a cualquier cargo político imputado por corrupción. Sin embargo, los nacionalistas matizan que no impedirán que sean candidatos quienes sean investigados, por ejemplo, por delitos de tipo administrativo como es el caso de los alcaldes de Arzúa, José Luis García, y de Vimianzo, Manuel Antelo. Tampoco serán vetados quienes están imputados "por dar la cara", según explicó el secretario de Organización del Bloque, Bieito Lobeira, que puso como ejemplo al portavoz municipal del BNG de A Coruña, Xosé Manuel Carril, que se autoinculpó por las protestas contra un desahucio en A Coruña. "De él estamos orgullosos", aclaró el número dos del Bloque.

Esquerda Unida también pone salvedades a su regla de no incluir imputados. "No creemos que deba ser el caso de compañeros que están imputados en defensa del programa político de IU como fue el caso de Sánchez Gordillo por el asalto a un supermercado o de un piquete en una huelga", explica el secretario de Organización, Rubén Pérez.

Para Anova no habrá excepciones. No incluirán a ningún imputado en las listas. Y lo hacen, según reconoce su coordinador Antón Sánchez, pese a que puede ser "injusto". "Pero hay que trasladar ese mensaje a la ciudadanía", defiende.

Podemos aprobó un código ético que establece que cualquier imputado quedará fuera de las listas electorales. La gallega Carolina Bescansa, del núcleo duro de la formación que lidera Pablo Iglesias, explica que incluso quieren ir "más allá" y vetar a quienes cometan irregularidades aunque no estén tipificadas como delito, como la financiación irregular de partidos.