El Consejo de la Abogacía Gallega ha pedido hoy de nuevo la derogación de las tasas judiciales, cuando se cumplen dos años de la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regula esta iniciativa en la Administración de Justicia.

La norma "consagró en España una justicia para ricos y otra para pobres", ha subrayado este organismo en un comunicado, en el que añade que la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución en su artículo 24 resulta "claramente vulnerada, algo que en un Estado de Derecho no puede ser tolerado".

Por ello, los abogados gallegos solicitan al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la derogación "inmediata de esta norma inconstitucional e injusta".

Según ponen de manifiesto, la víctima "de este abuso es la ciudadanía", que además de pagar impuestos ha de abonar estas tasas, que ascienden, por ejemplo, a 100 euros para recurrir una multa de 200.

Este Consejo ha recriminado además al Tribunal Constitucional su "retraso" en la resolución que está "demorando de modo inexplicable" sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados al respecto.