Las excavadoras están ya preparadas para retomar las obras de la autovía de A Costa da Morte. Tras más de dos años con las obras paralizadas, la UTE de empresas adjudicataria del proyecto, presidida por Copasa, reanudará la construcción de la infraestructura -que debía haber entrado ya en servicio a finales del año pasado- a mediados de diciembre. El portavoz de Infraestruturas del PP en Parlamento gallego, Alejandro Gómez, así lo confirmó ayer durante una visita a Carballo, en que estuvo acompañado por alcaldes y portavoces del partido en la comarca. El tramo que ha decidido priorizar la Xunta -los 27 kilómetros del tramo Carballo-Baio (Zas)- estará concluido esta legislatura. Mientras que los 17 kilómetros restantes del tramo hasta Berdoias (Vimianzo) han quedado paralizados sine díe por falta de financiación de la concesionaria, según justificó la Consellería de Medio Ambiente el pasado mes de octubre cuando anunció la modificación en el contrato de la autovía de A Costa da Morte.

Junto a Alejandro Gómez también estuvo en Carballo el diputado autonómico Aurelio Núñez, quien anunció que presentará en la Diputación y en los ayuntamientos de Bergantiños y A Costa da Morte una moción de respaldo a la decisión de la Xunta de terminar antes de finalizar la legislatura -en 2016- la primera fase de la autovía, ya comprometida en 2002 por el Gobierno de Fraga tras la catástrofe del Prestige.

"Mientras otros ponen palos de rueda a la construcción de la autovía, el PP trabaja para acabarla", destacó a Efe Núñez en alusión al Bloque "por intentar amedrentar a los diputados populares amenazando con acudir a la Fiscalía si votan a favor del inicio de las obras".

El BNG anunció la semana pasada que enviaría documentación a la Fiscalía para que investigue a la Xunta por prevaricación en la modificación del contrato de la autovía de A Costa da Morte. Según los nacionalistas, el coste de la obra se ha triplicado a pesar de que la empresas concesionaria queda exenta de construir casi el 40% de los kilómetros proyectados.

Desde la Xunta, la Consellería de Medio Ambiente alega que el cambio en las condiciones contractuales cuenta con "todos los avales jurídicos y fiscales".

Alejandro Gómez confirmó ayer que la nueva reprogramación de la infraestructura no supondrá un incremento de costes sino que -destacó- se reducirán en un 21,6%, además los costes de explotación y conservación menguarán un 22,4% y los financieros pasarán de 128,6 millones a 103.