31 de diciembre de 2015. Esa es la fecha que fija la reforma local diseñada por Hacienda para que los ayuntamientos transfieran a las comunidades los servicios sociales -competencias que pese a ser de titularidad autonómica asumen las administraciones locales- o, si así lo acuerdan, sigan en manos de los municipios pero con financiación del Ejecutivo autonómico. En poco más de un año, los concellos podrán deshacerse de los gastos en planes de asistencia social, áreas de atención a la mujer, drogodependencia, emigración o inmigración, psicólogos y educadores sociales o programas de fomento del empleo. En total, los ayuntamientos gallegos desembolsaron 241,7 millones de euros el año pasado para financiar actividades de competencia autonómica, una cantidad que supone el 14,2% de los presupuestos municipales, según el balance del Ministerio de Hacienda sobre el coste efectivo de los servicios locales.
Durante la negociación de los diez borradores de la reforma local, los alcaldes gallegos ya advirtieron en declaraciones a este periódico del "caos" que supondría delegar en las comunidades autónomas los servicios sociales que desde hace años prestan los ayuntamientos. Los "peor parados" si se produce ese traspaso, coinciden los regidores, serán los vecinos. ¿A quiénes se van a dirigir los ciudadanos cuando tengan que solicitar estos servicios, van a tener que ir a Santiago, a las delegaciones de la Xunta? ¿Qué va a pasar con el personal del concello dedicado a estas funciones? Son algunas de las preguntas que todavía hoy se hacen. Para evitar una merma en la calidad de estos servicios, los alcaldes defienden que las áreas sociales sigan en manos municipales y que sean costeados por la Administración autonómica.
Una vez aprobada la reforma local, el Ministerio de Hacienda dio una vez más la razón a los ayuntamientos. El propio ministro Cristóbal Montoro pedía hace un año a los ejecutivos autonómicos que delegasen en los ayuntamientos la red de prestaciones de proximidad sobre la que descansa el peso de la atención a los más desfavorecidos porque -aducía Montoro en una intervención en el Senado- son "los que mejor" lo hacen.
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Ya el año pasado la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) manifestó su temor a que la Xunta se "viese forzada" a recurrir al Fondo de Cooperación Local -un plan que el próximo año superará los 113 millones y que permite a los concellos invertir estas partidas segundo sus prioridades- para hacer frente a estas nuevas obligaciones. Entonces, los alcaldes gallegos ya avisaban a la Xunta de su rechazo a un recorte de ayudas tras la reforma local.
Presupuestos
De los casi 242 millones de euros que salen de las arcas municipales en Galicia para servicios sociales, el 40% procede de ayuntamientos de la provincia de A Coruña (97,4 millones), seguido del gasto social en concellos de Pontevedra (70,9 millones), Lugo (45,5 millones) y finalmente Ourense (27,8 millones).
Los datos hechos públicos por Hacienda sobre el coste efectivo en 2013 de los servicios que prestan todas las entidades locales -a partir del próximo año tendrán que calcular el precio de los servicios los técnicos de los ayuntamientos- revelan que una quinta parte de los ayuntamientos gallegos (un total de 64 ) destinaron el año pasado más del 20% de su presupuesto a programas sociales pese a no ser de su competencia. De los 13 municipios de A Coruña que más dedicaron a gasto social destaca Boimorto (36,3%), seguido de lejos por Vedra (27,8%) y Vilasantar (25,6%).
Lugo concentra el mayor número de concellos que se dejan más del 20% de sus fondos en competencias impropias: hasta un total de 26. A la cabeza en la provincia lucense, con más de un 30% de su presupuesto total para servicios sociales, están As Nogais (36,5%), Xermade (35,2%) y Láncara (32,9%).
En Ourense, el gasto social en diez concellos supera la quinta parte de su presupuesto: Monterrei (27,7%), seguido de Ribadavia (23,5%) y Nogueira de Ramuín (22,51%). Finalmente, en Pontevedra son catorce los ayuntamientos con una inversión social por encima del 20%, con Moaña en el primer puesto de la lista (32,4%), seguido de Cerdedo y Cuntis (ambos con un 26,2%) y Mos (25,6%).
En el extremo opuesto, con menos de un 5% de su presupuesto reservado a programas sociales, están un total de 17 concellos: cinco de la provincia de A Coruña (San Sandurniño, Muros, Frades, Cee y Fisterra), diez de Ourense (Arnoia, Baltar, Beade, Os Blancos, Calvos de Randín, Carballeda de Valdeorras, Celanova, Cenlle, Lobeira y Verea) y dos de Pontevedra (Mondariz-Balneario y Nigrán).
De las ciudades, Lugo es la que más reserva de su presupuesto para servicios sociales (21,4%). Pero el resto de urbes están muy por debajo de esta media: Ferrol, 16,6%; Ourense, 11,3%; A Coruña 9,9%; Vigo, 9,2%; Santiago 6,6% y Pontevedra 6,1%. En inversión por habitante la partida asignada a gasto social en las ciudades gallegas es de 88,3 euros de media, un 14% por debajo de pequeños y medianos concellos (102,5 euros per cápita). En el caso del Ayuntamiento de Lugo la inversión social por vecino en 2013 fue de 157,1 euros, seguido de Ferrol (109,4) y A Coruña (95,1). Y muy de lejos se encuentran Vigo (66,7), Santiago (55,9) y Pontevedra (48,7).
