Fincas de miles de hectáreas, residencias, mansiones, locales, solares, tabaqueras, pastos, cañaverales... La revolución cubana confiscó los bienes de las 3.000 familias más ricas que residían en La Habana entre 1959 y 1962. El 90% eran españolas; y la mayor parte, de origen gallego. Unos mil emigrantes en la isla regresaron a España con lo puesto, dejando atrás casas, empresas, fábricas, dinero e infinidad de bienes expropiados por el régimen. Otros, cruzaron los escasos kilómetros que separan Cuba de Florida y se asentaron en EEUU. También los hubo que hicieron las maletas rumbo a países cercanos como Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, México o Panamá. Casi seis décadas después, más de 200 familias gallegas se movilizan para tratar de recuperar el patrimonio incautado por la revolución cubana.
Desde que en abril del año pasado la sociedad 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales de Cuba, constituida en el año 2001 en Barcelona, presentó en A Coruña su proyecto para negociar con el Gobierno de La Habana la recuperación de las multimillonarias propiedades confiscadas, más de 60 afectados en Galicia ya firmaron un contrato con la empresa. La práctica totalidad de los acuerdos suscritos hasta la fecha son de residentes en la provincia de A Coruña (55), seguidos de Pontevedra (cinco), Lugo (cuatro) y finalmente Ourense (tres).
En proceso de firmar el contrato para que la compañía les represente en las futuras negociaciones con el Gobierno de Cuba hay otras 80 familias gallegas. Y es que los abogados de la sociedad presidida por Jordi Cabarrocas rechazan que el acuerdo de indemnización suscrito entre España y Cuba en 1986, bajo la presidencia de Felipe González, haya cerrado el paso a toda reclamación posterior. De hecho apuntan que varias sentencias del Tribunal Supremo avalan la legalidad de sus demandas.
Los emigrantes o descendientes que firmen este contrato con la compañía no pagan cantidad alguna en concepto de anticipo ya que la empresa cobrará a éxito, quedándose con el 30% del valor de la propiedad que pueda recuperarse. Los abogados y peritos que trabajan para la compañía calculan que el valor del patrimonio representado en Galicia asciende a 600 millones de euros.
Con la intención de llegar a más hijos y nietos de emigrantes en Cuba afincados en Galicia, la sociedad 1898 organizará un nuevo encuentro el próximo día 3 de marzo en el hotel AC Palacio del Carmen a las 19.30 horas. Con este acto, la compañía se propone contactar con propietarios y herederos de bienes expropiados por el régimen cubano para poder negociar con las futuras autoridades de la isla una vez se restablezcan las libertades formales, emulando la estrategia llevada a cabo en antiguos países comunistas del Este europeo tras el derrumbe del bloque socialista. Solo si fracasan estas conversaciones se llevará el caso a los tribunales. La compañía da por hecho que el proceso será largo: como máximo diez años para que sus gestiones den resultado.
El objetivo de la empresa es sumar al mayor número posible de afectados para reforzar la posición negociadora cuando se abran las conversaciones con La Habana y así llegar a una solución amistosa. El colectivo que se propone salvar el patrimonio incautado por el régimen apunta que como lo más probable es que Cuba no disponga de los recursos económicos "suficientes" para una "indemnización adecuada", la restitución se presenta como la "vía más factible" y en su defecto una compensación en especie.
En el caso de que todos los herederos no estén de acuerdo en que la compañía represente sus intereses en Cuba, basta con que sumen al menos el 51% de la herencia aunque la empresa destaca que la negociación sería más factible "a más porcentaje" ya que "tendría más fuerza de negociación".
Los propietarios o herederos que aceptaron en 1986 el convenio de indemnización entre los gobiernos de Cuba y España, según asegura la compañía, también podrán reclamar ya que una sentencia del Tribunal Supremo español concluye que tal compensación de daños fue "parcial". En aquel acuerdo, el Ejecutivo castrista se comprometió a pagar 5.416 millones de pesetas (casi 33 millones de euros), de los que un tercio se abonaría en efectivo y el resto en especie. Los responsables de 1898 parten de la premisa de que las futuras autoridades cubanas tendrán que establecer algún tipo de sistema indemnizatorio porque "la comunidad internacional no aceptará el borrón y cuenta nueva". Por delante quedan ahora años de trabajo para reunir al mayor número de afectados y llegar a un acuerdo con el Gobierno cubano.
