Un juzgado de Santiago ha abierto una investigación por el procedimiento seguido por la Consellería de Medio Rural para la contratación de los helicópteros usados en la extinción de incendios forestales. La denuncia fue presentada por la CIG en 2012, al entender que la Xunta había incurrido en un supuesto de prevaricación y la actuación judicial se vio impulsada además por un reciente informe del Consello de Contas que identificó diversas irregularidades en los contratos de las aeronaves.

Fuentes del sindicato confirmaron que el juzgado ya ha tomado declaración a varios altos cargos y funcionarios y que ha requerido a la CIG su personamiento en la causa. De momento, no hay ningún imputado en las diligencias abiertas. La Consellería de Medio Rural sostiene que los helicópteros se contrataron "de forma totalmente legal, respetando escrupulosamente los principios de transparencia y libre concurrencia".

La denuncia de la CIG apuntaba a una contratación a dedo de la empresa Inaer por 6,5 millones de euros para el transporte de los brigadistas en el año 2012. Al año siguiente, Medio Rural convocó un concurso público por 12,3 millones para la provisión de doce helicópteros y su correspondientes brigadas y se presentaron dos ofertas, pero la Xunta lo declaró desierto bajo el argumento que de incumplían los requisitos e inició un procedimiento negociado, al que solo concurrió Inaer y se volvió a llevar el contrato.

La Xunta asegura que los contratos realizados mediante el procedimiento negociado no vulneraron ninguno de los principios que rigen en la contratación administrativa y que se tuvo que acudir a este sistema en 2013 porque el concurso público se declaró desierto.

En cuanto a las irregularidades detectadas por el Consello de Contas, Medio Rural replica que los contratos en entredicho fueron realizados en el año 2009, durante la etapa del bipartito y que como no existen muchas empresas en el mercado que se dediquen a la extinción de incendios con helicópteros, se decidió prorrogar los contratos en 2011.