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10.03.2015 | 01:31

A dos meses y medio de las elecciones municipales, el PP ha decidido hacer un guiño a los empleados públicos mejorando algunos aspectos de sus condiciones laborales a través de enmiendas a la Ley de Empleo Público que hoy inicia su tramitación parlamentaria y que se aprobará definitivamente coincidiendo con los comicios locales. Una de las novedades es la reducción de la penalización salarial por sufrir más de una baja al año a causa de una enfermedad común o un accidente no laboral. Cobrarán lo mismo durante los tres primeros días -el 50% de la remuneración- indistintamente del número de baja de que se trate y además este sistema, como todos los preceptos incluidos en la nueva ley, será de aplicación obligatoria no solo para los funcionarios de la Administración autonómica, sino también para los trabajadores de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales y de las universidades.

En caso de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, entre el primer y el tercer día los empleados públicos de la Xunta solo reciben el 50% de la remuneración, que se rebaja al 40% si se trata de la segunda baja en el año natural y se quedan sin cobrar nada a partir de la tercera baja por esos primeros días de incapacidad temporal. Entre los días 4 y 20, todos ellos cobrarán el 75% de su remuneración, que se elevará ya al 100% a partir del día vigésimo primero.

Esta sistema está así establecido desde el año 2012, cuando la Xunta aprobó su ley de medidas temporales de empleo público para recortar gastos y copió el modelo existente en otras comunidades, como Madrid. La Consellería de Facenda tenía inicialmente la intención de no pagar nada por los tres primeros días de baja laboral por enfermedad común, pero las protestas de los empleados públicos les hizo cambiar de idea, eso sí, fijando penalizaciones para evitar la reiteración de bajas laborales. Para las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, maternidad, intervención quirúrgica, hospitalización, riesgo por embarazo y también durante la lactancia, se paga el 100% desde el primer día.

Este sistema se iba a mantener durante dos años y se revisaría en función de la evolución del PIB. Pero no se tocó desde entonces. Hasta tal punto que en el proyecto de Ley de Empleo Público, remitido al Parlamento en enero y que llevaba más de un año guardada en el cajón, recogía los mismos preceptos.

Pero ahora se cambiará dado que el PP suavizará esa penalización, de forma que los empleados públicos de Galicia -salvo los del Estado- cobrarán durante los tres primeros días de incapacidad temporal por enfermedad común el 50% de su remuneración, sin importar cuántas bajas acumule durante el año natural. Ya no habrá esa penalización adicional con descuento del 60% para la segunda baja y del 100% para la tercera y sucesivas.

El cambio entrará en vigor en cuanto se apruebe la nueva ley, que está previsto para abril o mayo, por lo que coincidirá con la cita en las urnas de las elecciones municipales, que se celebrarán el 24 de mayo.

El PP, según avanzaron ayer Pedro Puy y Paula Prado, presentó 37 enmiendas a la Ley de Empleo Público, norma que da cobertura a que los funcionarios recuperen en el año 2018 todas sus pagas extra suprimidas y vuelvan a la situación salarial que tenían antes de la crisis. "Estamos hablando de 200 millones de euros anuales", destacó la diputada del PP, quien añadió que su partido es consciente de que los empleados públicos asumieron "un verdadero esfuerzo" durante la crisis y que ahora considera "oportuno" que de forma paulatina puedan recuperar su nivel retributivo anterior.

La ley, que afecta a 120.000 trabajadores públicos, regula también el proceso para convertir en funcionarios a 6.000 laborales mediante un concurso-oposición y establece, entre otros aspectos, una evaluación periódica para medir el rendimiento de los empleados de la Xunta, concellos, diputaciones y universidades. Si suspenden se les obligará a a hacer un curso para mejorar su formación e incluso se les podrá cambiar de puesto, además de suponer que no cobrarán el complemento de desempeño, un nuevo plus salarial vinculado a la productividad. Solo lo percibirán los que superen el examen.

El contenido de la prueba se desarrollará en futuros reglamentos, para lo que la Xunta se da tres años de plazo. Como la evaluación será también obligatoria para los concellos, el Gobierno autonómico colaborará con los más pequeños en la organización de la misma.

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