El Valedor do Pobo ha admitido a trámite la queja formulada por un grupo de vecinos del edificio O Penso, situado en el municipio de Cabanas (A Coruña) y sobre el que pesan dos órdenes de demolición parcial, de las plantas cuarta y quinta, dictadas a principios de la década de los 90 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Según la comunicación remitida a un grupo de vecinos que se oponen a este derribo, y que fueron los que solicitaron el aparo al Valedor do Pobo, se ha requerido al Ayuntamiento de Cabanas, al que se ha condenado a reponer la legalidad urbanística, a que "en un plazo de 15 días, se nos facilite información sobre el motivo de su queja".

En un escrito remitido a los denunciantes, rubricado por el Valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández Rodríguez, también se les traslada que una vez recibida esta información se pondrán "de nuevo en contacto con ustedes para darle traslado" de su "actuación al respecto".

Cumplir

Por su parte, el alcalde de Cabanas, Germán Castrillón (PP), ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que dicha solicitud de información ya ha llegado al Ayuntamiento y que se dará traslado de todo el expediente, "para que el Valedor do Pobo pueda tener conocimiento de los trámites, como es perceptivo".

El regidor ha vuelto a manifestar que lo único que trata de hacer su equipo de gobierno es "cumplir con un mandato judicial" y ha recordado que hasta llegar a esta situación "han pasado muchos años sin que nadie hiciera nada" y que fue, tras su llegada a la Alcaldía, en el año 2007, cuando comenzaron "a trabajar y tratar de buscar una solución". Primero con el denunciante, "que no fue posible" y luego con las "entidades de crédito" para lograr los fondos necesarios para poder acometer "una obra de este calado", que está presupuestada en más de 1.600.000 euros, "cuando el presupuesto del Ayuntamiento de Cabanas para este año 2015 apenas supera los 2,7 millones de euros".

Castrillón también ha reiterado que están a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronuncie con respecto a la petición cursada a principios de esta semana, "para poder entrar en el edificio", ya que cuando los operarios de la empresa adjudicataria de la demolición trataron de acceder al inmueble, un pequeño grupo de propietarios y familiares se opusieron y se lo impidieron.