Los juzgados gallegos no dejan de recibir casos y en 2014 ingresaron 470.502 asuntos, casi 6.400 más que el año anterior. Aún así, el número de litigios por habitante coloca a Galicia en el noveno puesto con 171,2 pleitos por cada mil habitantes, por debajo de los 185 de la media nacional, según el informe anual publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La tasa de litigiosidad en la comundiad está un 2% por encima de la registrada en 2013 pero es más baja que las de otras autonomías como Andalucía, Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

El hecho de ser una de las comunidades con una tasa de litigiosidad baja no permite que los tribunales resuelvan con más agilidad los pleitos. La Justicia gallega es la quinta más congestionada con una tasa del 1,33 por cada mil habitantes. El número de asuntos pendientes al comienzo del año junto con los que estaban sin resolver del año anterior menos los resueltos es menor en Galicia que a nivel nacional, que alcanza una tasa de 1,40, y también de las comunidades de Castilla-La Mancha (1,40), Murcia y La Rioja con 1,36 y Valencia con 1,34.

Los juzgados de lo Social en Galicia, con una saturación del 1,99, son los que más retraso acumulan. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, destacó la semana pasada que estos tribunales, que tramitan conflictos laborales entre empresarios y trabajadores y reclamaciones contra la Seguridad Social o el Estado, cuentan con un juez de refuerzo y un juzgado desdoblado en las ciudades de A Coruña, Santiago y Vigo, las urbes donde se registran más atascos. Desde el TSXG rechazan hablar de colapso porque los retrasos no impiden el funcionamiento de los órganos judiciales, pero sopesan la posibilidadad de incrementar los actuales apoyos si resultan "insuficientes". En la jurisdicción Penal la congestión en los tribunales gallegos es de 1,20 frente al 1,15 del resto de España, mientras que en los juzgados de primera instancia y en los que gestionan pleitos con la Administración la saturación se sitúa por debajo de la media.

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Pese a la congelación de la plantilla judicial desde el inicio de la crisis, los magistrados gallegos han resuelto un 4% más de casos que en 2013 hasta alcanzar los 475.621. La tasa de resolución se sitúa de todas formas por debajo de la media: 1,01 frente a 1,02 a nivel nacional. Si se tiene en cuenta el índice de pendencia -la diferencia entre los procesos judiciales pendientes al finalizar el año en relación con los resueltos en ese mismo periodo- Galicia ocupa el quinto puesto al tener una tasa de resolución de 0,32, un índice mayor que en España (0,29) pero por detrás de Castilla-La Mancha (0,39), Murcia (0,37), La Rioja (0,36), y Comunidad Valenciana (0,34). La jurisdicción de lo Social, al ser la más saturada, también es la que tiene más procesos sin cerrar, y de hecho, es la segunda con más pendencia, solo por detrás de Baleares.

La tasa de pendencia se redujo en un año en un 8,5% pero todavía quedaron sin cerrarse para este año unas 152.032 causas. Son 10.543 menos que el ejercicio anterior, lo que supone un descenso de asuntos sin resolver por tercer año consecutivo. La bajada fue más acusada tanto en 2013 como en 2014, coincidiendo con la puesta en marcha de las tasas judiciales que obligaban a los ciudadanos a hacer frente a tarifas que oscilan entre los 100 y los 1.200 euros por recurrir una sentencia. La tendencia podría cambiar desde este año debido a la eliminación del tasazo el pasado febrero. Los procesos en tramitación aún son 1.693 más que los 150.339 que quedaban pendientes a finales de 2008, antes del inicio de la crisis y de que los expedientes empezasen a acumularse en los juzgados.

La tasa de sentencia -el cociente entre el número de sentencias y el de asuntos resueltos- da como resultado un 0,21 y coloca a los tribunales gallegos en la cuarta posición empatada con Cantabria y por encima del 0,18 de España. Cada magistrado tramitó unas 298 sentencias el año pasado, un 1% menos que las 301 de 2013. En total, son 63.056 fallos registrados, de los que se resolvieron 80.744 aunque a final del ejercicio seguían en trámite unas 126.437 sentencias.

El informe del Poder Judicial destaca además que el tiempo de respuesta judicial en los tribunales de primera instancia de la comunidad supera los cuatro meses, mientras en España se queda en 3,7. En los de segunda instancia la duración media roza los ocho meses, casi el doble de los 4,6 de la media nacional.