La Cámara aprueba la Ley Empleo Público de Galicia

La diputada popular Paula Prado defendió el posicionamiento de su grupo parlamentario respecto a la norma aprobada y afirmó que se trata de una Ley que "materializa" la recuperación económica.

Prado afirmó que la normativa busca modernizar y racionalizar la función pública, y que incorpora derechos que conllevan un incremento presupuestario.

Los grupos de la oposición, por el contrario, coincidieron en sus argumentos en que la Ley viene a reforzar el poder del Ejecutivo y acota los derechos de los trabajadores de la Administración autonómica.

Ante las críticas de la oposición, Paula Prado defendió que la Ley ha tenido un largo periodo de negociación con los sindicatos y que recoge las tres principales reivindicaciones de estas organizaciones: la supresión del 'plus de ex-altos cargos', un fondo para recuperar la paga extra de diciembre de 2012, y la cobertura de jefaturas de servicio por concurso específico.

"Señorías, le pese a quien le pese estamos ante la Ley de la recuperación económica", afirmó Prado.

La diputada defendió que la normativa incorpora nuevos derechos para los funcionarios públicos, lo cual, sostuvo, "sólo es posible en un contexto de crecimiento económico".

Indicó Paula Prado que la Ley de Empleo Público de Galicia es una normativa "del siglo XXI" que permitirá modernizar y racionalizar la función pública en beneficio de la ciudadanía dado que mejorará la prestación de los servicios públicos.

El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo rebatió los argumentos de la parlamentaria popular al afirmar que se trata de "una ley del PP y para el PP; para satisfacer las demandas del partido pero no las de la ciudadanía ni la de los funcionarios".

Bugallo censuró, entre otros aspectos, que la legislación no incluye "ni una sola línea" para defender a los funcionarios que denuncien alguna irregularidad o corruptela.

Criticó, además, que se delega en el Consello de la Xunta la regulación del régimen jurídico del personal directivo, y que se traslada a los funcionarios que si pretenden hacer carrera profesional "tiene usted que ser bueno, porque si es problemático va a tener muy difícil ascender".

El exalcalde de Santiago de Compostela subrayó que la Ley refuerza las competencias y los márgenes de maniobra del Ejecutivo sin garantizar que se cumplan las finalidades de la normativa.

"Una oportunidad perdida", concluyó el diputado del PSdeG.

Yolanda Díaz, de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), comenzó su intervención haciendo alusión a los empleados públicos que en ese mismo momento se manifestaban en el exterior de la Cámara "combatiendo esta norma que constituirá -garantizó- una auténtica pérdida de oportunidad para modernizar la administración pública gallega".

Para la diputada de AGE, el texto debatido hoy "es la norma sobre la que construye su gran mentira el PP. Si Galicia es la campeona y está saliendo de la crisis, lo que ustedes tienen que hacer es derogar esta Ley", afirmó.

Además, acusó al Gobierno gallego de elaborar un texto que incorpora a la Administración pública "el modelo depredador de Telefónica", en lo que se refiere a la política retributiva de los trabajadores.

Sobre la negociación colectiva, la viceportavoz de AGE señaló que en la norma "late el carácter franquista, el carácter de imposición del PP; ustedes no creen en la negociación colectiva", apostilló.

"Nunca fue un privilegio trabajar en la Administración pública, pero ahora va a ser una desgracia", concluyó la diputada.

Por su parte, la diputada del BNG Tereixa Paz consideró que la Ley aprobada no preserva la adecuada profesionalización de la función pública en Galicia, dado que no se define claramente la independencia que los trabajadores públicos deben de tener de las instituciones.

La norma, según la parlamentaria nacionalista, "diseña unos empleados públicos sumisos al poder, en vez de buscar la mayor profesionalidad de los trabajadores". "La Ley establece normas para una Administración pública de la época feudal", consideró.

Destacó como uno de los "elementos más preocupantes" de la Ley la introducción del personal directivo, al entender que la forma en que se hace no obedece a los criterios establecidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de buscar una mayor profesionalización de la función pública.

Consuelo Martínez, del grupo Mixto, denunció la escasa "calidad democrática" en el proceso de tramitación de la norma al excluir a las organizaciones sindicales de la negociación en prácticamente todo el articulado.

La diputada criticó "la apuesta por la contratación a dedo"; "más enchufismo desde el partido", afirmó.

En resumen, Martínez comentó que la Ley aprobada hoy perpetúa la precariedad laboral y salarial de los empleados públicos, y también que no resuelve la deuda salarial con los trabajadores ni la recuperación de los derechos perdidos.