No todos los litigios han de acabar ante un juez. La situación de colapso que arrastra la Justicia desde hace años no pasa por la creación de más órganos judiciales ni por la ampliación de la plantilla de magistrados. El sector de la judicatura y de la magistratura coinciden en que las largas listas de espera en la administración judicial podrían reducirse evitando la judicialización de los procesos penales que carezcan de pruebas, bien porque no se conozca al autor del delito o porque el hecho denunciado sea una mera falta. Poder Judicial y comunidades autónomas apuestan por reforzar la mediación como sistema alternativo en la solución de conflictos y así se aliviará la sobrecarga en los juzgados.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, suscribió ayer un total de 27 convenios de colaboración con el Ministerio de Justicia y con 11 de las doce comunidades con competencias en esta materia, Galicia entre ellas, con el objetivo de impulsar la mediación y otras formas pacíficas de resolución de conflictos como fórmula alternativa o complementaria al proceso judicial.

Para el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, la mediación ofrece soluciones "menos costosas emocionalmente" que un juicio para las partes. Esperar una sentencia de un juez, según apuntó Rueda, puede suponer "retrasos y enfrentamientos" en la resolución del conflicto, mientras que la mediación, además de quitar carga de trabajo a los juzgados y tribunales, permite que "no haya un ganador sobre otro" y que las partes queden "conformes con un acuerdo". Una resolución especialmente importante, según Rueda, en casos que afectan al ámbito familiar, por ejemplo divorcios con hijos menores de por medio, para evitar el "coste emocional" de una sentencia, que "siempre tiene su dureza".

Galicia va un paso por delante respecto a otras comunidades en los procesos extrajudiciales. Ya desde el año 2009 se aplica la mediación en el ámbito de la familia. El proceso arrancó con un proyecto piloto en Santiago para después extenderse a otros partidos judiciales. Desde entonces y hasta 2014, se derivaron a los equipos de mediación más de mil asuntos.

Los miles y miles de procesos que se acumulan en los juzgados gallegos y que de antemano están condenados a su archivo son la causa de este colapso. Así lo reflejan año tras año las estadísticas: más de 300.000 procedimientos penales tramitados en Galicia, de los que apenas el 4% llegan a juicio. Al resto, la Justicia les acaba dando carpetazo, bien por falta de pruebas, bien por no conocer al autor del delito, por tratarse de una falta administrativa o incluso por acumulación o inhibición de una misma causa en distintos juzgados.