La Xunta no solo no ha bajado la guardia en su lucha contra el feísmo y las irregularidades urbanísticas sino que año tras año ha aumentado el ritmo de sus excavadoras. Tras cerrar 2014 con un récord de edificaciones ilegales reducidas a escombros -un total de 129, el 44% de ellas en la provincia de A Coruña- el balance del primer trimestre del año de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, augura que la actividad de las piquetas este año será más intensa todavía. Solo entre enero y marzo, fueron ejecutados 46 derribos de viviendas, naves, locales comerciales o galpones levantados en suelo rústico o zona de costa no edificable. Una cifra que supone ya casi el 40% de todas las demoliciones del año pasado en la comunidad.

Las notificaciones para los propietarios de edificaciones con expediente de derribo abierto salen a diario de los despachos de la Administración autónoma. Entre enero y marzo, la Xunta impuso un total de 111 multas coercitivas -una media de 40 cada mes- por un importe total de 259.000 euros, según datos de la Consellería de Medio Ambiente.

Por provincias, A Coruña concentra casi la mitad de las obras derribadas durante el primer trimestre (21), seguida de Pontevedra (17), Lugo (5) y finalmente Ourense (3). En número de multas coercitivas está Pontevedra a la cabeza, con 47, sin embargo en importe se encuentra A Coruña con un importe total de 98.000 euros por 30 sanciones frente a los 73.000 euros que tuvieron que afrontar los propietarios pontevedreses sancionados.

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En los últimos años, ha aumentado el número de propietarios que llevan a cabo el derribo de su chalé, nave o galpón ilegal de manera voluntaria. Y es que saben que tarde o temprano la edificación será derribada y además así pueden evitar las sanciones, que aumentan a medida que el expediente de demolición avanza.

La rebaja es considerable: el infractor que acata la orden de derribo tiene una bonificación en la multa del 80%. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer una serie de multas coercitivas para forzar al propietario a cumplir el derribo y si las sanciones tampoco surten efecto, es en última instancia cuando intervine la administración -la Xunta en suelo no urbano y los ayuntamientos en el resto- para ejecutar la demolición de forma subsidiaria, reclamando los costes a posteriori.

Desde que el bipartito creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con el objetivo de poner coto a las miles de construcciones ilegales levantadas en todo el territorio, en Galicia fueron derribadas más de 400 edificaciones repartidas en más de un centenar de concellos. De la provincia de A Coruña, Sada, Arteixo, Oleiros o Fisterra están entre los ayuntamientos que más derribos acumulan. De Pontevedra, destacan Sanxenxo, O Grove o Cangas.

Para este año, la APLU se fija como "prioridad" la inspección de los ayuntamientos que "transcurren por las diferentes rutas oficiales del Camino de Santiago, los costeros y los que tienen espacios naturales". Además también tendrá como "prioritaria" la incoación de expedientes de obras en ejecución, "con independencia de la fecha de denuncia, de forma que se paralizan las obras".

Para acabar con la disciplina municipal del vai facendo, los inspectores de la Xunta peinan a diario Galicia de norte a sur. Solo el año pasado, paralizaron 302 obras construidas de forma ilegal en suelo rústico, lo que supone una media de 25 cada mes y un 24% más que los expedientes de reposición resueltos el año anterior (243). En el primer trimestre de 2015, la Xunta paralizó 84 construcciones, el 40% en la provincia de Pontevedra (un total de 34). Le sigue en el ranking de expedientes de reposición de legalidad Lugo (26). Cierran la lista A Coruña (18 obras paralizadas) y Ourense (9).