Las 3.350 comunidades de montes de Galicia, que aglutinan a 150.000 comuneros, tendrán cuatro años de plazo para reinvertir al menos el 40% de sus ingresos en labores de conservación y protección forestal. Esta obligación, que ya estaba recogida en la ley gallega de Montes, entrará en vigor tras la aprobación de un proyecto de decreto cuya tramitación ha iniciado la Xunta.

Según esta norma, se consideran ingresos procedentes del monte todos aquellos derivados de la explotación de recursos como el pasto, la biomasa, la madera, castañas o setas, pero también son ganancias las obtenidas por otros usos como los parques eólicos, la actividad minera, la vitivinícola o la sociorecreativa.

Con esta norma se busca "clarificar", según explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, qué se entiende por ingresos y el periodo en el que deben llevarse a cabo las reinversiones.

Plan de inversiones

Dado que los plazos en materia forestal son a largo plazo, en el caso de que haya que exceder el plazo de cuatro años para llevar a cabo la reinversión, las comunidades de montes vecinales estarán obligadas a presentar un plan de inversiones plurianuales, que debe estar justificado y contar con aprobación administrativa.

Además, cada año, durante el primer semestre, los montes comunales tendrán que remitir al Gobierno gallego una comunicación sobre el grado de ejecución de las actuaciones realizadas para la mejora de los montes basándose en las obligadas reinversiones.

Según señaló Feijóo, el objetivo que se persigue es que los ingresos que generan montes comunales, como pastos, madera, frutos, actividad eólica o vitivinícola, sean de nuevo reinvertidos en el propio monte.

La norma concreta cuáles son los diferentes ingresos que deben ser objeto de reinversión, con el fin de establecer una clasificación clara y para aportar una mayor seguridad jurídica a los comuneros.

En la actualidad hay unos 150.000 gallegos propietarios de montes vecinales y existen unas 3.350 comunidades, que poseen unas 660.000 hectáreas, que equivalen a alrededor de un tercio del territorio gallego.

Otro de los acuerdos a los que ayer dio el visto bueno el Gobierno gallego fue la puesta en marcha de un programa piloto en la planta de Coren en Santa Cruz de Arrabaldo, en colaboración con el Instituto Enerxético de Galicia y la empresa Energy Lab, para instalar una caldera que genere energía térmica a partir de biomasa forestal y restos avícolas. Con el cierre el pasado año de la planta de tratamiento de purines, Coren se vio obligada a usar sus residuos como abono de praderías o para recuperar terrenos quemados.