La juez que instruye la operación Pokemon, Pilar de Lara, ha solicitado a Vigilancia Aduanera que emita un informe sobre la relación del Grupo Vendex con los ayuntamientos ourensanos de Barbadás y Verín, ambos dirigidos por los populares José Manuel Freire Couto y Juan Manuel Jiménez Morán, y las supuestas "irregularidades" detectadas.
El Grupo Vendex es la empresa matriz que ha focalizado las investigaciones de la operación Pokemon que, entre otras cuestiones, aborda supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos y regalos a funcionarios y a cargos públicos en diversas administraciones locales de la comunidad.
Sobre la relación de Vendex con el Concello de Verín, el grupo gestionó durante los últimos años el servicio de aparcamiento de vehículos regulados mediante pago (ORA), aunque ha sido convocado un nuevo concurso.
La providencia emitida el lunes día 1 por la instructora de la Pokemon llega después de que el pasado mes de marzo De Lara dictase otra providencia en la que pedía unir a la causa documentación sobre el PP de Verín.
En esta solicitud previa, la titular de la Pokemon requería que se diese copia de esta documentación a Aduanas para que procediese a su estudio e informase acerca de si tenía relación con el caso y comprendía "hechos de naturaleza ilícita". De Lara no concretaba qué hechos incluiría la mencionada documentación, pero adopta otras decisiones como librar de oficio al presidente del consejo municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ourense para determinar los problemas surgidos en la ejecución del contrato de limpieza.
Financiación
Asimismo, la magistrada decidió unir a las actuaciones el informe de Vigilancia Aduanera sobre copia de las publicaciones que afectan a Emilio Pascual, el exgerente del PP ourensano que denunció supuesta financiación irregular en el partido.
Igualmente, pide unir a la causa la constatación del Partido Popular de Ourense, así como del Ayuntamiento de Ourense a los extremos solicitados respecto de Pascual.
Al mismo tiempo, la magistrada dio por recibida la comunicación del Tribunal Supremo comunicando no haber lugar a asumir el conocimiento de los hechos sobre los que había puesto la lupa en relación al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro.
