Los cambios en el sistema de precios de inmuebles y terrenos que la Consellería de Facenda ideó en 2011 para aplicar sobre ellos sus principales impuestos van mucho más allá de la "simplificación" y la rebaja "media" del 15% anunciadas por el presidente Alberto Núñez Feijóo la pasada semana. Lo que hay es una auténtica enmienda de la Xunta a sí misma respecto al procedimiento empleado en los últimos cuatro años. El polémico baremo, que disparó la tasación de las viviendas a efectos administrativos en pleno pinchazo de la burbuja del ladrillo, ya no se usará para los bienes urbanos, según recoge el borrador de orden con el que el departamento que dirige Valeriano Martínez materializará las modificaciones. En su lugar, los servicios de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) tirarán del valor catastral y lo multiplicarán por un coeficiente para actualizar ese valor a la situación del mercado en función de la antigüedad del último estudio a fondo del Catastro en cada municipio.

Pese al giro de 180 grados, Facenda asegura que "la sustitución" del mecanismo de valoración "no solo mantiene los objetivos que señalaban las sucesivas órdenes de precios medios", sino que con la referencia al valor catastral, un "valor conocido por los contribuyentes" porque es el que se tiene en cuenta para el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el método gana "más simplicidad" y "una acomodación directa" a "las circunstancias específicas del bien concreto que es objeto de comprobación y que están intrínsecamente recogidas en el cálculo del valor catastral". El resultado, añade la futura norma, redunda "en una mayor uniformidad de las bases de cálculo". "Por su parte, la administración dispone de un medio de valoración que dota de más agilidad y eficacia a la tramitación de los expedientes, circunstancia que también redunda en beneficio del ciudadano", resume.

La justificación no acaba ahí. Facenda reconoce a continuación lo evidente. Que el nuevo sistema "permite una mayor singularización" de las edificaciones y parcelas, "tal y como viene demandando la doctrina jurisprudencial". La Xunta acumula cientos de reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en su mayoría favorables a los contribuyentes. Hay incluso sentencias ya del Supremo, como adelantó este periódico, que tumbaron las valoraciones de la Atriga por falta de motivación y un informe contundente de la Inspección General del Ministerio de Hacienda que insta al Gobierno gallego a elevar las visitas de los peritos para acreditar el valor real de los inmuebles.

Solo en 2013, las revisiones al alza practicadas por la Xunta en liquidaciones de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o Sucesiones y Donaciones afectaron a 124.700 declarantes, con una diferencia en los valores de 4.700 millones de euros. Ocho de cada diez quedan anuladas por los tribunales. La polémica llegó a protagonizar una comisión bilateral entre Xunta y Estado para evitar que el Gobierno acabara llevando la orden de precios medios al Constitucional. Hubo cambios. El último de ellos en la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de este 2015. Pero, finalmente, Facenda opta por una solución más radical. Con el importante matiz de que la inspección in situ que tanto demandaba la Inspección General del Ministerio de Hacienda se sigue reservando para "casos excepcionales debidamente justificados".

Ante las "características propias" de los bienes inmuebles rústicos, Facenda mantendrá con ellos el discutido sistema de precios medios de mercado. En caso de que el montante de la operación que se declare supere al valor estimado por la Xunta, prevalecerá el de mayor cuantía. Si coinciden los cálculos de la Atriga y el contribuyente, el Gobierno gallego se reserva la posibilidad de "comprobar la correcta aplicación de los coeficientes, la veracidad y exactitud del precio o la contraprestación pactada, así como la correspondencia de las características catastrales consideradas al determinar el valor catastral en la fecha de devengo, con las características físicas, económicas y legales reales del inmueble para valorar". Para situaciones de más de una referencia catastral -una parcela que toca varias zonas, por ejemplo-, el valor final será la suma de todos.

El proyecto de orden incluye el listado de los ayuntamientos gallegos, la fecha de la última ponencia de valores del Catastro de cada uno y el coeficiente que les corresponde. En Vigo o Baiona, por ejemplo, se multiplicará por tres dada la antigüedad de sus análisis catastrales. En A Coruña y Oleiros, por dos. La otra cara está en Ourense. La ponencia allí fue en 2005. No se varían sus valores. Tampoco en Carballo, Moaña o Boiro. No son los únicos casos de que valores de etapas calientes del ladrillo no se tocan, pese a que la misión del coeficiente es adaptarlo a la situación actual.