Varias decenas de personas, entre ellas víctimas y familiares de afectados por el accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013, han vuelto este viernes a la plaza del Obradoiro, en Santiago, para demandar justicia dos años después del siniestro.

En apoyo a los perjudicados del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, que este 24 de julio cumple su segundo aniversario, han estado presentes en la protesta representantes políticos de distintas formaciones, empezando por el alcalde compostelano, Martiño Noriega.

Ante los medios de comunicación, un portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Arturo Domínguez, ha denunciado que los afectados se sienten "engañados" por el Gobierno y ha criticado que el proceso judicial lleva, a su entender, "un año parado".

Previamente, tras una pancarta que recuerda a los 81 fallecidos y más de 140 heridos, las víctimas se han concentrado a los pies de la catedral compostelana, entre gritos de indignación exigiendo la apertura de una comisión de investigación y la dimisión de responsables. "Éste era un accidente evitable y están haciendo todo para taparlo", ha exclamado una de las víctimas.

Días de recuerdo y reivindicación

Las víctimas del Alvia siniestrado el 24 de julio de 2013 en Santiago viven "días de recuerdo" cuando se cumplen hoy dos años de la tragedia en la que hubo 80 fallecidos y más de 100 heridos, pero, "por desgracia, también días de lucha, de indignación y de rabia porque se empeñan en enterrar la verdad".

Este jueves las víctimas celebraron una asamblea general en el Pazo de Faramello, en Rois (A Coruña) --lugar en el están plantados árboles en memoria de los fallecidos-- en donde han hecho un recorrido por todas las acciones políticas y judiciales que se han desarrollado en este tiempo.

Allí, en declaraciones a los medios, el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, reclamó que "tendría que haber más imputados", además del único existente, el maquinista, al tiempo que ha lamentado que "todo el aparato del Estado" lo impida.

"Aparte del maquinista, aquí hay muchos responsables, estamos hablando de dos empresas públicas, de Renfe y de ADIF, y del Ministerio de Fomento, que nos vendieron la Alta Velocidad, que contaba con la última tecnología y los sistemas de conducción automática que costaron 20.000 millones de pesetas, y lo desconectaron porque daba retrasos", clamó.

Domínguez volvió a pedir explicaciones "con luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados", a la vez que ha remarcado que "lo prioritario es que la verdad y la Justicia no son negociables", puesto que "la reparación es que se sepa la verdad y que paguen los responsables".