Alrededor de un centenar de víctimas del accidente de Angrois que segó la vida a 79 personas hace dos años e hirió a más de 140, así como familiares de estos, reclamaron ayer "justicia, verdad y responsabilidades" durante una concentración en la plaza de O Obradoiro, que sirvió de homenaje y recuerdo de una de las mayores catástrofes en la historia de España.

El acto sirvió para escenificar la distancia existente entre parte de las víctimas y la administración, después de que el año pasado parte de aquellas protestase durante la concesión de las Medallas de Oro entregadas por la Xunta. A las puertas de aquel acto se quejaron miembros de una de las dos plataformas de víctimas, Alvia 04155, que convocó la concentración de ayer en Santiago. También acudió el presidente de otra de ellas, Apafas, Cristóbal González.

El portavoz de la primera, Arturo Domínguez, y la exdiputada del PP en la asamblea de Madrid, Teresa Gómez-Limón, censuraron la lentitud de la justicia y lo que entienden desamparo por parte de la administración. El primero arremetió contra "dos años de humillaciones, engaños y premios a los responsables políticos" de una tragedia en la que el único imputado es el maquinista del convoy, Francisco José Garzón, en un proceso judicial que prevé concluir la instrucción en octubre. El juicio se demoraría al menos un año.

Las víctimas rechazan culpar únicamente al conductor del tren y exigen responsabilidades políticas, así como más imputaciones judiciales. Domínguez se quejó del ascenso de algunos cargos tras el accidente. Citó a Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras que ahora es ministro de Justicia; el exministro de Fomento, el socialista José Blanco, es eurodiputado; y el presidente de Renfe entonces, Julio Gómez-Pomar, ocupa la secretaría de Estado que dejó Catalá.

Domínguez aseguró que el accidente que tuvo lugar en Angrois y en el que perdieron la vida 79 personas -dos más fallecieron después, pero en el sumario judicial no están incluidas- era "previsible". Recordó que no funcionaba el sistema de máxima seguridad ERTMS en la curva de A Grandeira en que descarriló el tren por exceso de velocidad, que lo hubiese frenado automáticamente, porque estaba desconectado unos kilómetros antes. También recordó que el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, ya había advertido a cargos de Adif de la peligrosidad de la curva. "Y no se le hizo caso", añadió, informa Efe.

"No queremos hablar de indemnizaciones, queremos verdad, justicia y transparencia", clamó Domínguez, que pidió al fiscal del caso atender a las víctimas, y denunció el "trato inhumano" que, en su opinión, les dio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el año pasado, en alusión a que les impidieron acceder al acto de las Medallas de Oro.

Por su parte, Gómez-Limón centró su intervención en el proceso judicial y lamentó el frenazo ocasionado por el relevo del juez que dirigía la instrucción, José Luis Aláez, que cambió de plaza y fue relevado por Andrés Lago. "Iba fenomenal [con Aláez], pero ahora lleva parado un año", se quejó la exdirigente del PP. "Puedo entender que necesitase dos o tres meses, pero no un año. Hemos pedido pruebas y nuevas diligencias, pero nada; muestra poco interés y la única causa que ha motivado es la ratificación de los informes de los peritos", concluyó.