El PP aprobó ayer solo con sus votos la nueva ley que regula la financiación de las formaciones políticas, blindando un incremento del 33% de las subvenciones electorales y una nueva vía inédita hasta ahora de ingresos para el "funcionamiento ordinario" de los partidos con cargo a los presupuestos anuales de la Xunta. El PSdeG se abstuvo y el resto de la oposición votó en contra. Esta decisión se produjo en el primero de los dos plenos extraordinarios previos a las vacaciones estivales en el que se aprobaron cinco leyes. La de financiación de los partidos fue una promesa del jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, en enero dentro del paquete de medidas para reducir la corrupción, al regular y reducir las donaciones privadas.
El portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, justificó el nuevo sistema como una vía para "compensar" la pérdida de esas aportaciones.
El cambio legal supone que las subvenciones electorales a las formaciones regresa a los niveles de 2009, añadiéndole el incremento del IPC. En el año 2012, sin embargo, se les aplicó a estas un recorte del 20% en sintonía con la situación económica. Así, cada diputado supondrá para un partido 20.889 euros, 5.350 más que en los últimos comicios, y cada voto, 0,77 euros, 0,19 más. Además, el envío de propaganda electoral se abonará a 22 céntimos por elector frente a los 16 de 2012.
Estos datos solo fueron citados en el debate por la diputada del grupo mixto, Carmen Iglesias. La Xunta pagará cada año a los partidos con representación en la Cámara -igual que en el anterior caso- dinero con cargo a sus presupuestos para sus "gastos de funcionamiento". La cuantía será fijada anualmente por el Ejecutivo y se dividirá en función de los votos recibidos -60%- y los escaños en la Cámara -40%-. Este sistema se aplica a nivel estatal. El Gobierno central repartió el año pasado 52,7 millones entre todas las formaciones con presencia en las Cortes, de los que 25,2 correspondieron al PP, 16 al PSOE y 318.000 al BNG.
La norma regula también las donaciones. Si bien Feijóo prometió que las prohibiría, el Gobierno central ya reguló este punto en marzo con el caso Bárcenas de máxima actualidad. La ley gallega incorpora matices. Se vetará el acceso a las subvenciones a quienes también reciban donaciones de bienes si su tasación supera los 50.000 euros, así como a los que ingresen donaciones de personas que desempeñen "en sí o por personas interpuestas, cargos de toda orden en empresas o sociedades que tengan contratos de cualquier naturaleza con el sector público autonómico". También si poseen -directamente o a través de cónyuge o hijos- al menos el 10% de acciones.
A pesar del voto en contra de la oposición, se produjeron algunas coincidencias entre todas las fuerzas. Ante ese panorama, Puy afeó la falta de acuerdo y las puyas acerca de la financiación ilegal del PP que lanzaron grupo mixto y AGE. "El problema de la financiación es de todas las fuerzas. Intentamos que nadie los tenga", alegó para justificar el aumento de las partidas públicas. Su homólogo socialista, José Luis Méndez Romeu, tachó de "operación cosmética" la norma y reclamó posponerla hasta "que se recuperen las cuentas públicas y se normalice el estado del bienestar". En su opinión, resulta "muy difícil de explicar" a los ciudadanos que se disparan las ayudas a los partidos mientras los presupuestos siguen lejos de las cuantías previas a la crisis.
AGE, BNG y grupo mixto dieron una cal y otra de arena al PP. Los primeros, a través de Xavier Ron reclamaron un reparto de ayudas entre todos los grupos que se presenten a las elecciones en función de los votos para evitar el "círculo cerrado" de los que tienen presencia en las instituciones y censuró que las fundaciones se conviertan en el "paraíso fiscal de los partidos".
En sus enmiendas no hizo mención a la cuantía de las ayudas electorales, como sí hizo el grupo mixto, que reclamó la congelación de las ayudas electorales. "Es un insulto", recriminó Carmen Iglesias sobre el aumento del 33%. Por su parte, Francisco Jorquera (BNG) obvió en su discurso esas cifras, aunque en sus enmiendas su grupo abogó por eliminarlas. Defendió un sistema de financiación de gastos ordinario público. "Es positivo", indicó antes de censurar al PP no imponer "límites más estrictos a la financiación privada". Las donaciones en B, recordó, son "ilegales" y se producen,
Normas del Parlamento
Un día después de que PP y PSdeG pactasen la renovación de Valedor do Pobo, Consello de Contas y Consejo de Administración de la Compañía de Radiotelevisión de Galicia (Crtvg), con cinco votos díscolos que se saltaron las órdenes de partido, el consenso entre ambos afloró de nuevo, aunque solo en una de las cinco leyes aprobadas ayer: la que regula el funcionamiento del Parlamento.
