Las retasaciones de Facenda disparan el valor de los bienes para tributar en 5.600 millones

Las reclamaciones superan las 5.000 - La Intervención del Ministerio de Hacienda alerta de la "alta conflictividad" e insta a cumplir las sentencias n La Xunta recuerda que el sistema cambió el 1 de julio

05.08.2015 | 10:54
Las retasaciones de Facenda disparan el valor de los bienes para tributar en 5.600 millones

Desde el pasado 1 de julio, a los contribuyentes gallegos ya no se les aplica el polémico sistema de precios medios que la Consellería de Facenda usó en los últimos cinco años y medio para valorar un bien por el que toca tributar. La Administración autonómica asumió finalmente la oleada de resoluciones en su contra emitidas tanto por el Tribunal Económico Administrativo Regional (Tearg) como en la Justicia ordinaria, incluido el Supremo, y decidió cambiarlo por una combinación de los datos del Catastro junto con un coeficiente de actualización. Esas supuestas referencias de mercado, sin embargo, siguen vigentes para las propiedades rústicas, que concentran cerca del 72% de las comprobaciones impulsadas por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) durante 2014, con un incremento de 854 millones de euros sobre lo declarado por sus dueños. En el caso de los inmuebles y parcelas urbanas, con 78.299 retasaciones, el alza es de 3.828 millones de euros. El total -que suma los 883,4 millones de euros de aumento derivado de la revisión de otros bienes y derechos, como las participaciones en empresas- se dispara hasta los 5.566,6 millones. Un 73% por encima del valor que presentaron los contribuyentes, según detalla la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas en su informe anual sobre la Atriga. Muy elocuente otra vez con el "alto nivel de conflictividad" en la fiscalidad gallega.

De hecho, la Inspección General achaca la ligera reducción en el número de reclamaciones económico-administrativas ante el Tearg, un 1,8% "al descenso de la actividad económica ligada a dichos conceptos tributarios". El 48,7% de las quejas están relacionadas con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Otro 47,7%, con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ocho de cada diez acabaron con una resolución a favor del contribuyente. El respaldo del tribunal a las reclamaciones aumenta al 89% entre las que se entregan a causa de las valoraciones de Facenda. Fueron 4.199 el pasado año, frente a las 4.234 del ejercicio precedente.

Desde 2005 a 2014, las reclamaciones superan las 34.700. Hay un punto de inflexión claro en la entrada en vigor de los precios medios. Entre 2010 y 2011, el alza alcanzó el 43%. A partir de 2012 el volumen de quejas nunca bajó de 5.000.

"Un alto porcentaje de litigiosidad en el Tearg ha seguido produciéndose en el año 2014 por razones de falta o insuficiencia de motivación de las valoraciones periciales de los bienes o mediante precios de mercado, medio cada vez más utilizado para devengos posteriores a 1 de enero de 2010, por parte de la administración", señala la Inspección General de Hacienda.

¿Cómo? Pues, según el informe, por la aplicación de los precios medios "a inmuebles expresamente excluidos", como permutas, obra nueva y división horizontal, edificios enteros o suelos urbanos sin edificar; por la mezcla de esos precios medios con un dictamen de perito, sin "aclarar ni justificar" cuál es el realmente aplicado; porque los dictámenes "aparentemente" no van más allá "de la aplicación" simple de la orden de precios; y porque "continúa el problema de la falta o insuficiencia de motivación en el dictamen de peritos", pese a que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya advirtió de que es necesario que el contribuyente "comprenda la valoración" y además "sin necesidad de acudir a medios técnicos propios".

Los incrementos de valor oscilan entre el 61,7% registrado después de las retasaciones de la Atriga en la delegación de Lugo y el 92% de la de Pontevedra. En A Coruña el aumento se situó en el 64,95%; un 83,1% en la delegación de Ourense; y un 86,9% en la de Vigo, donde las valoraciones entre los bienes urbanos, los de mayor peso, alcanzan el 105,1%. Las importantes diferencias se repiten en el tiempo que tarda la administración en acatar lo que dicen las resoluciones del Tearg y las sentencias judiciales. El retraso ronda los 42,6 meses. Tres años y medio. "Destaca negativamente -subraya la misma Inspección General- el Servicio Territorial de Vigo con un índice de demora de 104,1 meses, seguido de Ourense con 60,9 meses".

El informe insiste en el "criterio mayoritariamente estimatorio" respecto a las quejas que plantean "defectos de motivación en las valoraciones". Las nuevas liquidaciones optan entonces por el método de dictamen pericial. "Resulta recomendable que dichos dictámenes periciales se ajusten a los criterios jurisprudenciales establecidos, particularmente en cuanto a la visita al bien a valorar se refieren, además de no excluir otros métodos alternativos de valoración, cuando ello sea posible, como el de tasación hipotecaria, valoraciones de transacción anteriores o subastas", apunta la Inspección General.

La Consellería de Facenda asegura que está trabajando, precisamente, en la posibilidad de implantar un procedimiento informático que agilice la remisión de los expedientes de reclamación, "con la necesaria colaboración del Tearg". El departamento que dirige Valeriano Martínez incide en que el pasado ejercicio no aumentó el número de reclamaciones. "Por el contrario, se redujo por segundo año consecutivo y supera ya el 6% desde 2012", sostiene. La misma valoración hace sobre la caída, que la propia consellería admite que es "ligera" en las quejas concretas por valoraciones.

"Hay que tener en cuenta que la amplia mayoría de las liquidaciones que practica la Atriga no son objeto de reclamación -continúa-. Y en todo caso, desde el 1 de julio la Xunta ha variado el medio de valoración de los bienes urbanos para lograr la mayor singularización en las valoraciones, que es el principal motivo de reclamación de los contribuyentes". La modificación, añade Facenda, "hará menos necesario el dictamen de peritos". "Es un medio -defiende, ante la pregunta de si se enviarán peritos a inspeccionar in situ el bien- con un aval jurisprudencial y está implantado en varias comunidades".

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