Debido a la crisis los talleres han mandado al desguace un 8% más de coches. El último informe de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) revela que el hecho de no poder hacer frente al coste de la reparación o que no les sale rentable arreglar sus viejos vehículos son los motivos por los que los usuarios se desentienden de ellos y los abandonan en los talleres. Galicia con 205 casos es la cuarta comunidad donde más automóviles se envían al desguace, superada por los 309 de Aragón, los 382 de Andalucía y los 556 de Castilla-La Mancha.

El envejecimiento del parque móvil se incrementó con la crisis hasta el punto de que la mitad de los automóviles que circulan por Galicia tiene más de 10 años. Los españoles aguantan con su vehículos hasta una década, lo que conlleva posponer su sustitución 18 meses más que antes de la crisis. Si antes de la recesión un coche que superaba los siete años tenía todas las papeletas para ser relevado por otro nuevo, ahora estos casos se reducen. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado un repunte en los accidentes de tráfico vinculados directamente a la antigüedad del transporte.

La crisis ha estimulado la compra de coches usados. El pasado julio, la venta de vehículos de segunda mano en Galicia aumentó un 18% respecto al mismo mes del año anterior. La necesidad de reducir al mínimo los gastos en cada hogar ha provocado un envejecimiento del parque móvil -la mitad de los automóviles que circulan por las carreteras gallegas tiene más de una década de antigüedad- y, en consecuencia, ha mermado el negocio de los desguaces. La sobreoferta de empresas en la comunidad ha obligado a rebajar los precios hasta el punto de no cubrir gastos y desde el inicio de la recesión los propietarios de los desguaces gallegos tienen que enfrentarse también a la competencia desleal de particulares que venden piezas por internet y a tarifas que las entidades autorizadas no se pueden permitir. De hecho, el sector se vio salpicado por la operación Ballesta, una redada lanzada por Hacienda con el registro de 60 locales de 45 empresas en siete comunidades, entre ellas Galicia, contra la venta en negro de piezas de recambio de vehículos.

El presidente de la Asociación Gallega de Tratamiento de Vehículos (Travega), Germán Catoira, destaca que la crisis ha provocado que estos negocios comercialicen en la actualidad la mitad de piezas que antes de 2008 pese a que la entrada de vehículos abandonados que mandan los talleres se ha duplicado. Los almacenes están "llenos de mercancía" porque los usuarios ahora reclaman "gomas, molduras, luces, motores de arranque, pilotos..." y demás micropiezas que se necesitan para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). No cuestan más de 15 euros -añade- y "no compensan" la mano de obra que hay detrás para quitarlas al desmontar el vehículo. Pero, por el contrario, apenas reciben demandas para sustituir el motor o la caja de cambios dañados, cuyo coste puede llegar a los 1.000 euros. "La gente en estos casos prefiere cambiar de coche y no invertir en la reparación de uno viejo", señala Catoira.

Los desguaces empezaron a notar en 2012 una tendencia a la baja en la que los negocios trabajan a pérdidas. El responsable de Travega sospecha que desde el inicio de la crisis muchos particulares vieron que este sector daba beneficios y eso provocó la masificación del sistema. En solo tres años se abrieron 110 Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos (CATV) nuevos hasta alcanzar los 140 actuales, cuando antes de 2012 solo había una treintena. Apenas una decena son instalaciones de gran tamaño y el resto pequeñas empresas que como mucho cuentan con un par de trabajadores. No solo la competencia de nuevos negocios ha mermado las ventas y les ha obligado a rebajar los precios. Catoira alerta de que el sector se enfrenta a la competencia desleal de particulares que venden piezas por internet y que incluso las compran a los desguaces para revenderlas. Pese a que ya han denunciado estas prácticas y han pedido a las administraciones que intervengan reconocen que muy difícil comprobar "si se hace de forma legal".

Desde Travega también reclaman al Ministerio de Interior que conciencie a la ciudadanía de que los CAVT "no son chatarreros" porque tienen que cumplir "una estricta normativa medioambiental" que les impide precisamente bajar tanto las tarifas como hacen los particulares que funcionan al margen de la ley. Las instalaciones de recepción y de gestión de los vehículos al final de su vida útil tienen que contar con zonas adecuadas al número de automóviles a almacenar y dotadas de pavimento impermeable, con instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y separación de grasas. Los desguaces deben contar con equipos para el tratamiento de aguas que tienen que tratarse según la legislación sanitaria y medioambiental antes de deshacerse de ellas.

En los centros que también realicen tareas de descontaminación será obligatorio disponer de zonas cubiertas y con pavimento impermeable para almacenar los componentes retirados y que estén contaminados; contenedores para las baterías, los filtros y condensadores; depósitos para separar los fluidos de los vehículos; equipos de recogida y tratamiento de aguas; y zonas para neumáticos usados, con medidas contra incendios y prevención de riesgos derivados de almacenamientos excesivos.

Los responsables de los CATV están además obligados a extraer y retirar de forma controlada los residuos peligrosos del vehículo para luego reciclarlos. Se trata del combustible; el líquido de transmisión y otros aceites hidráulicos; los aceites del motor, del diferencial y de la caja de cambios; los líquidos de refrigeración, de frenos y anticongelante; las baterías de arranque; los filtros de aceite y combustible; las zapatas de freno con amianto y componentes con mercurio; los fluidos del sistema del aire acondicionado, el depósito de gas licuado y cualquier otro fluido peligroso no necesario para la reutilización del elemento del que forme parte. La tarea de reciclado es más meticulosa aún porque habrá que retirar los componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio; los catalizadores, neumáticos y componentes plásticos de gran tamaño como parachoques, salpicaderos o depósitos de fluido; vidrios, catalizador y sistemas de airbag.

Ante la escasez de demanda en el territorio nacional, el sector no ve más alternativa que comercializar su mercancía al por mayor en el extranjero "con todos los riesgos que conlleva". Pero ni siquiera están convencidos de que sea una opción viable debido a que España no es una potencia en coches usados y tampoco recibe ayudas para la exportación a diferencia de otros países europeos, lo que impide ser competitivos a nivel internacional.