Galicia está a la cola en el reparto de fondos del Estado a los municipios. De la tarta de la financiación local, el bocado que toca a los ayuntamientos gallegos es de poco más del 5% cuando su población supera el 6% del total. Esta asignación coloca a los municipios de la comunidad en el quinto puesto por la cola en inversión por habitante, por detrás de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja. Hasta un 20% menos que la media en otras autonomías reciben los concellos de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), unas entregas a cuenta que realiza el Ministerio de Hacienda según la recaudación fiscal en base a tres criterios: población, esfuerzo fiscal de cada municipio y el llamado inverso de la capacidad tributaria. Para la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que lleva años reclamando la reforma del sistema por "discriminatorio" con Galicia, el actual modelo favorece a las comunidades con grandes concentraciones urbanas en detrimento de aquellas que tienen una población dispersa. Los datos de los adelantos del PIE de 2015 confirman esta brecha: cada gallego recibe del Estado una media de 196 euros frente a los más de 245 per cápita del conjunto autonómico.

Un documento de la Fegamp cuantifica las pérdidas de los municipios gallegos durante los 11 años de vigencia del actual modelo (2004-2015) en casi 1.400 millones. Estos números no hacen más que confirmar que el municipalismo gallego tiene motivos para reclamar al Gobierno central que aborde sin falta la revisión del sistema de financiación local porque, entre otras cuestiones, no tiene en cuenta la elevada dispersión poblacional de Galicia, un factor que resulta crucial en el encarecimiento de la prestación de servicios. La comunidad gallega cuenta con la mitad de las entidades de población de todo el país, sin embargo ese factor no se valora a la hora de repartir los fondos estatales. Por el contrario, los fondos de cooperación local de prácticamente todas las comunidades, algunas tan dispares como Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia sí tienen en cuenta la dispersión de la población en su fórmula de reparte.

Hasta casi el doble de fondos

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En su informe sobre la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), la Fegamp realiza una simulación sobre las entregas a cuenta que le corresponderían a los ayuntamientos gallegos si Hacienda utilizase los criterios que aplican las distintas comunidades autónomas para el reparto de los fondos de cooperación local. De tenerse en cuenta factores como la dispersión, el envejecimiento, extensión territorial o espacios naturales protegidos, los concellos llegarían hasta duplicar las partidas recibidas del Estado. De los más de 567 millones adelantados a los ayuntamientos de la comunidad por Hacienda en 2013, año del que se acaban de presentar las liquidaciones definitivas del PIE, pasarían a recibir más de 600.000 euros si se aplicase un modelo de reparto por habitante, según el peso de su población en el conjunto del Estado; por encima de los 800.000 euros si se tuviesen en cuenta los criterios del sistema de Canarias (población, solidaridad, dispersión, unidades escolares, extensión territorial, espacios naturales protegidos o plazas turísticas), rondarían el millón de euros si se tomasen como punto de partida los modelos de Andalucía y Cataluña; y casi 1,2 millones si los criterios de reparto del Fondo de Cooperación Local se extrapolasen al modelo de reparto del Estado.

Los ayuntamientos gallegos tachan de "perverso" el actual sistema de financiación local. Las particularidades de Galicia, según advirtieron los alcaldes durante la pasada legislatura, exigen una "financiación justa"; y esas particularidades deben tenerse en cuenta en el reparto de los fondos estatales.

La aplicación de las tres variables que utiliza el actual modelo, según cuestionan los consistorio de la comunidad gallega, es "injusto" porque genera "desigualdades, ineficiencia y desequilibrios". Para tratar de corregir esta situación, las administraciones locales reclaman al Ejecutivo central que incluya criterios objetivos para el reparto de fondos, como la dispersión, el envejecimiento, la superficie o las entidades de población.