A través de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI), 100% de su propiedad, la Xunta materializa los encargos de nuevas infraestructuras que llegan, y pagan a cargo de sus respectivos presupuestos, las consellerías; y se encarga del mantenimiento y explotación de los 36,9 kilómetros de autopista entre Dozón y O Carballiño. Cualquiera de las dos funciones no es precisamente un próspero negocio en tiempos de crisis.
Por la tijera al presupuesto público en el primer caso y la contención del consumidor a la hora de desplazarse. Las vías de pago gestionadas por la administración autonómica mostraron el pasado año el primer síntoma de recuperación, con un aumento del tráfico cercano al 3%.
