La actualización del Catastro surgió como una necesidad para controlar el boom del ladrillo, que en una década provocó un aumento del parque inmobiliario del 35%. Con el parón de la construcción en 2008, Hacienda se puso a analizar el grado de desactualización de las bases de datos, llegando a la conclusión de que hasta un 10% de los inmuebles de cada municipio podrían estar "afectados por una omisión". Es decir, no estar declarados o sí figurar pero con una superficie inferior a la real.
En 2013, Hacienda puso en marcha este proceso extraordinario de regularización de edificaciones y reformas sin declarar para que los propietarios afectados pusieran al día la situación fiscal de sus inmuebles con el pago de una tasa de 60 euros. El plan supone la revisión de más de 78 millones de edificaciones en toda España. Más de 4.200 personas se dedican a la inspección de los bienes no declarados. A los más de 2.600 empleados públicos del Catastro se suman agentes externos y la práctica totalidad de empresas dedicadas a la tasación catastral.
¿Cómo se reguraliza un bien no declarado? En cuanto el propietario reciba la notificación Hacienda, tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones. De no hacerlo, se dará por bueno el dictamen del Catastro.
