En libertad con cargos los tres propietarios de la empresa Prosem de Lalín

La Policía Judicial les imputa delitos de estafa y falsedad en documento público

26.08.2015 | 00:44

La Policía Judicial de Lalín dejó el libertad con cargos a los dos socios y a una empleada de la empresa Prosem. Los hermanos Carlos L.A. y José Antonio y la esposa de éste están acusados de estafa y falsedad documental en relación a un fraude en la organización de cursos de formación financiados con fondos públicos. Los tres fueron detenidos ayer tras las investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria y el Juzgado número 1 de Lalín y un día después del registro practicado en las oficinas de la compañía por la Policía Judicial.

Fuentes próximas a los arrestados afirman que los tres se han comprometido a comparecer en el juzgado de Lalín cuando le sea requerido y su letrado anunció que se personará en el caso para pedir una copia de la documentación y "conocer con detalle los hechos que se les imputan". La Guardia Civil enmarca estas actuaciones en la operación Qatedra y las investigaciones siguen abiertas y se esperan nuevas detenciones.

A la espera de ver el alcance de esta operación, el instituto armado admite que habrá más detenciones, si bien no han trascendido si estos arrestos serán de personal de Prosem o de empresas que supuestamente colaborarían con la firma dezana en la simulación de cursos formativos para los que se recibían subvenciones públicas sin cumplir sus objetivos. Entre las firmas a las que Prosem ha prestado sus servicios de asesoramiento para la organización de seminarios hay algunas de la comarca por una cuestión razonable de proximidad. Por ahora no ha trascendido la identidad de estas "numerosas" empresas repartidas por la geografía gallega de todo tipo de sectores que serían beneficiarias del fraude de las ayudas públicas.

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, se pronunció ayer acerca del papel de la Xunta en la subvención de cursos a Prosem y confirmó que ya se había remitido documentación al juzgado de Lalín cuando se la solicitó. Mato declaró que la administración es "la primera interesada en que se depuren responsabilidades si hay irregularidades relacionadas con subvenciones".

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