Unos 300 euros por vaca a 2.500 granjas de toda España -2.000 de ellas en Galicia- que peor lo están pasando por la crisis del lácteo. Son las ayudas que anunció la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la semana pasada y que ahora su departamento estudia ampliar tras una propuesta de Asaja. El sindicato plantea distintas cuantías según el caso y aumentar el número de beneficiarios al doble hasta alcanzar entre los 4.800 y los 5.200 euros. El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, aclaró que tendrán que estudiar los datos, aunque avisa de que una posible ampliación de los perceptores podría suponer una reducción del importe de la subvención. Estas líneas de crédito serán concedidas "a mínimis" y de su pago se hará cargo el ministerio a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Cabanas confía en que se empiecen a abonar a los ganaderos desde octubre.

El representante de Agricultura también espera que los tres eslabones de la cadena alimentaria -distribución, industria y productores- alcancen un acuerdo de cara a la reunión con el ministerio el próximo día 10. "Estamos convencidos de que todo el mundo está por la labor de sumarse al acuerdo", indicó Cabanas. En la misma línea se pronunció el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, quien señaló que es "la primera vez" que se observa en la distribución y la industria la predisposición para alcanzar pactos en los precios. "Desde el ministerio se han puesto los mimbres y nuestra obligación es hacer un cesto donde los beneficios se repartan", añadió.

El secretario xeral de Asaja en Galicia, Francisco Bello, anunció que pese a los avances en las negociaciones entre las partes continuarán las tractoradas para "hacer presión" como la celebrada ayer en Curtis. Más de medio millar de tractores recorrieron las calles de la localidad coruñesa en una nueva protesta para reclamar que el precio de venta de la leche cubra los costes de producción.

La secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, acusó a la consellería de "permitir el abuso" por parte de la industria en los contratos que acuerda con los ganaderos. También denunció "el abuso de posición dominante" de la industria el responsable de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, y abogó por un acuerdo siempre que la administración use "sus herramientas de seducción" para que distribución e industria firmen el acuerdo. La receta pasa, según García, por "convertir algo voluntario en una dinámica obligatoria con sanciones para quien incumpla".