El Tribunal de Cuentas, en su informe global sobre el sector público autonómico aprobado ayer, censura la proliferación de entes instrumentales por parte de las comunidades autónomas como recurso generalizado de "huida del derecho administrativo" en su funcionamiento. Especialmente para los procesos de contratación por la discrecionalidad en las políticas de personal y por la relajación en los controles económicos. Entre estos entes figuran las fundaciones públicas; y el órgano fiscalizador estatal no deja bien paradas las participadas por la Xunta. Cuestiona su funcionamiento como tales por depender en exceso de los presupuestos públicos y no ser capaces de captar fondos privados para desarrollar actividades de interés general, como en principio debería ser.

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