Los inspectores de la Xunta destapan cada mes 30 obras ilegales que carecen de licencia

Los expedientes de reposición de legalidad urbanística abiertos se multiplican casi un 90% en cinco años - Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran el 80% de las irregularidades

03.09.2015 | 19:25
Vivienda unifamiliar levantada en suelo rústico de protección en Marín declarada ilegal por la APLU.

Datos

  • Inspecciones. La Xunta abrió entre enero y junio 201 expedientes de reposición de legalidad „26 en la provincia de A Coruña„, casi el doble que los 112 registrados en el primer semestre del año 2011
  • Resoluciones. En el primer semestre, Medio Ambiente ordenó reponer la legalidad urbanística en 178 construcciones „47 de la provincia de A Coruña„
  • Sanciones. Hasta un total de 225 multas coercitivas tramitó la por incumplir las resoluciones urbanísticas dictadas entre enero y junio por un importe total de 651.000 euros
  • Derribos. En el primer semestre fuero derribadas 65 construcciones, frente a las 24 de hace cinco años

No solo las inspecciones de técnicos de Urbanismo sacan a la luz cada obra que se levanta en Galicia sin tener licencia. Las denuncias de vecinos también ponen sobre alerta a la Xunta sobre las irregularidades cometidas en los 314 ayuntamientos gallegos. No hay día en que la Consellería de Medio Ambiente no tramite algún expediente de paralización de viviendas, naves o galpones construidos de forma ilegal en suelo rústico. Convertir un cobertizo en una casa de fin de semana, construir un galpón para guardar los aperos de labranza, instalar una vivienda de madera... Son las actuaciones urbanísticas ilegales que más se han repetido en los últimos años por todo el territorio gallego debido a la política municipal del vai facendo que desde el año 2008, con la creación por parte del bipartido de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el Gobierno gallego se propone erradicar. Solo en el primer semestre del año, la Xunta abrió un total de 201 expedientes de reposición de la legalidad urbanística y resolvió un total de 178, lo que supone una media de 30 cada mes. Se trata del mayor número de obras paralizadas de los últimos cinco años: entre enero y junio de 2011 fueron 112, le siguió 2012 con 106; el siguiente año con 114 y finalmente el primer semestre del ejercicio pasado con 180.

La tendencia durante el último lustro ha sido al alza, multiplicándose el número de expedientes abiertos un 89% desde el año 2011, según datos recogidos en el balance semestral de la APLU. La provincia de Pontevedra concentra el mayor número de inspecciones urbanísticas abiertas, con un total de 103 entre enero y junio, seguida de Lugo (54), A Coruña (26) y, finalmente Ourense (18). De los 178 expedientes que la Xunta ya resolvió también es Pontevedra la provincia que concentra el mayor volumen (78, lo que supone el 43% del total). El segundo puesto lo ocupa A Coruña (47 casos resueltos, el 26% del total), seguida de Lugo (39) y Ourense (14).

Detrás de este incremento de expedientes abiertos a construcciones ilegales no está sin embargo un aumento de la actividad fiscalizadora de la APLU, ya que la forma de inspección y los controles no han variado durante los últimos cinco años. "Lo único que varía de un año para otro son los criterios a la hora de marcar la prioridad de inspección entre ayuntamientos dentro de una misma provincia", explican desde la Consellería de Medio Ambiente, al tiempo que destacan que con el paso de los años la APLU gana "en eficacia" en la persecución de infracciones e ilícitos urbanísticos por la colaboración entre administraciones (ayuntamientos y Costas) y otros agentes (Policía, Seprona y Fiscalía). Y también, celebran desde el departamento que dirige Ethel Vázquez, por el aumento de las denuncias de particulares.

Competencias

La Lei do Solo de 2002 exige que cualquier obra reciba el visto bueno previo por parte de la Administración autonómica, una medida que la Xunta justificó en su momento para introducir más garantías en el urbanismo gallego y homogeneizar los criterios en todos los municipios. En la práctica, la ley resultó demasiado restrictiva por lo que el Ejecutivo de Feijóo decidió en 2009 impulsar una reforma para dar a los concellos más margen de maniobra a la hora de decidir qué se puede hacer dentro de su territorio. Esta modificación dio vía libre a los concellos para aprobar obras menores como naves o estables sin necesidad de autorización autonómica previa. Y a la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores, que requieren proyecto técnico completo, solo cuenta el plazo municipal de tres meses, eliminándose el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.

En su día esta modificación fue cuestionada por los fiscales gallegos, que advirtieron del peligro que supone dar más responsabilidad a los concellos en la planificación urbanística, tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.

¿Qué ocurre cuando a un propietario se le abre un expediente de reposición de la legalidad urbanística? La Xunta inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas autónomicas y municipales para su construcción. Si concluye que se ha cometido una infracción urbanística y no se han solicitado los permisos pertinentes para ejecutar la obra, se le comunica al interesado para que repongan la realidad alterada, desde cambios en la construcción hasta la demolición de la obra. De hacer caso omiso a la orden del Ejecutivo autonómico, se le interpondrá la primera multa coercitiva, que de seguir desistiendo el propietario, sumará nuevas sanciones a lo largo del proceso. En el primer semestre del año, la Xunta impuso un total de 225 multas coercitivas por no cumplir las resoluciones dictadas por un importe de 651.000 euros, lo que supone una media de 3.000 euros por multa. A Coruña y Pontevedra concentran el mayor número, 72 y 90 multas, respectivamente.

Sin embargo, pese a sumar menos sanciones A Coruña, el importe es superior: 265.000 euros. En el caso de los propietarios pontevedreses sancionados en Pontevedra, el importe ronda los 260.000 euros. Les sigue Lugo, con 40 multas coercitivas con un importe total de 79.000 euros y, finalmente, Ourense, con 23 sanciones por 48.000 euros.

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