La Xunta urge a los concellos a aprobar sus PXOM para legalizar los núcleos marineros

El Gobierno deniega por ahora la mayoría de las regularizaciones n Mañana habrá otra reunión para intentar desbloquear el proceso

17.09.2015 | 01:10
Vista del municipio de Muros con los barcos amarrados en el puerto.

Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente está denegando de forma mayoritaria la regularización de los núcleos tradicionales ubicados en el litoral que los concellos gallegos han solicitado al amparo de la reforma de la Ley de Costas, la Xunta asegura que "aún hay tiempo" para lograr esa legalización. Y la mejor fórmula para conseguirlo, advirtió ayer en el Parlamento la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, es a través de los planes de ordenación municipal, por lo que aconsejó a los ayuntamientos que agilicen al máximo la aprobación de los respectivos PXOM.

De momento, como reconoció la conselleira, solo los concellos de Muros, Marín y Baiona han conseguido la regularización de sus núcleos, tras lo que detalló que lo habían logrado porque aprobaron sus respectivos planes urbanísticos. "Es el mejor camino", avisó, y brindó la colaboración de la Xunta para los que opten por esta vía.

La reforma de la Ley de Costas permitiría, en principio, regularizar hasta 255 núcleos marineros en los que hay unas 12.500 viviendas. Pero para ellos, los concellos deben solicitar su legalización al Ministerio de Medio Ambiente y acreditar que ya existían antes de 1988. Sin embargo, la tarea no está resultando tan fácil.

Ante las pegas puestas por el Gobierno central, Ethel Vázquez ya se reunió el pasado 1 de septiembre con responsables del ministerio y lo volverá a hacer mañana para "avanzar" en la resolución de los núcleos marineros. Si no se reconocen como tales legalmente, las viviendas no se pueden ampliar y solo se pueden acometer obras básicas de mantenimiento, además de no poder realizar más desarrollos urbanísticos en la zona.

"Estamos a tiempo de lograr nuevas regularizaciones", insistió Ethel Vázquez, en respuesta a la interpelación formulada por el diputado socialista Xosé Bugallo, quien advirtió de que una de las dificultades radica en que tienen que ser anteriores al año 1988 y además demostrarse que en esa fecha ya contaban con servicios públicos básicos, pese a que lo que se había acordado en Galicia era que cumpliese solo uno de los dos requisitos.

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