Casi 60 rúbricas se estamparon ayer en el Acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche, pero solo dos provenían de los productores: la de Asaja y la de las Cooperativas Agroalimentarias, que lo consideraron un logro "histórico". Las organizaciones mayoritarias de ganaderos UPA y COAG se atuvieron a lo anunciado y rechazaron firmar un convenio que consideran que deja al sector productor "desamparado" y "a merced" de industria y distribución.

Sin embargo, sobre el papel, y tal y como destacó ayer la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, estos dos eslabones de la cadena asumen deberes. Así, destacó el compromiso de la distribución no solo a dejar de usar la leche como reclamo o a colaborar en identificar mejor su origen, sino a tener fórmulas de contratación con la industria a largo plazo, lo que permitirá a las empresas organizar sus compras con los ganaderos y a estos organizar las producciones. "Se trata de dos medidas importantes que van a generar más valor y más renta para los ganaderos", resaltó.

La distribución, a través de sus tres principales asociaciones -Anged, Asedas y Aces- expresaba su "acuerdo en promover más estabilidad en las relaciones entre toda cadena en favor de la sostenibilidad del sector, de manera que los ganaderos puedan mejorar sus condiciones de comercialización". Estas empresas remarcan que asumen el acuerdo bajo "el estricto cumplimiento" de la normativa de Competencia, "respetando en todo momento la libertad de cada operador para definir sus propios modelos y estrategias comerciales".

La industria, por su parte, se compromete a facilitar al ministerio los precios de venta de la leche a la distribución y a "compartir con los ganaderos la revalorización sobre los precios como resultado de la revisión de las modalidades de contratos con la distribución". Además, añadió la ministra, también se compromete en un contrato tipo. Luis Calabozo, director general de Fenil (que integra a más de 70 empresas), consideró los compromisos adoptados un "punto de partida" para alcanzar la sostenibilidad de la cadena.

Frente a estos compromisos, las organizaciones agrarias que no firmaron echan en falta, como indicaba ayer el Sindicato Labrego Galego, que el acuerdo (que, a su juicio, "empeora" la propuesta inicial del 18 de agosto), "no garantice precios dignos ni la recogida de la leche", además de no incluir un régimen sancionador para quien incumpla. Al respecto, la ministra defendió ayer que el acuerdo fue "tan ambicioso" como el ordenamiento jurídico español lo permite. Reiteró que fijar un precio mínimo "no es legal" y, sobre las sanciones, puntualizó que en España solo se pueden establecer con normas con rango de ley y que en un acuerdo voluntario no caben.

La ministra, que recordó que su departamento ejercerá de "garante" del acuerdo (que entra en vigor en 10 días), está convencida de que supondrá más creación de valor del sector lácteo y que "se traducirá en mejores precios y más remuneradores en cada tramo de la cadena de valor". "Es un acuerdo del que estoy segura todo el mundo se beneficiará, pero donde los mayores beneficiados serán los ganaderos de leche españoles", proclamó.

El PSOE criticó que el acuerdo nace "cojo" al no contar con "los representantes de los productores", mientras el PP aseguraba que no se entiende que no se quieran sumar. Por su parte, los productores permanecerán "vigilantes" de su cumplimiento. Estas últimas lamentaron que no se garanticen precios que cubran los costes. Avisan de que las protestas están "latentes", a la espera de ver cómo se comportan industria y distribución.