El Consello de la Xunta aprobó ayer el proyecto de la nueva ley de transparencia que endurece el régimen de incompatibilidades, ya que extiende a todos los altos cargos la obligación de publicar su patrimonio al tomar posesión y al cesar en su puesto, regula el traspaso de poderes y los acuerdos que puede tomar un gobierno en funciones e incorpora con rango legal el código ético que, entre otras consideraciones, limita a 90 euros el precio máximo de los obsequios institucionales que pueden recibir los altos cargos y el personal eventual.

Con respecto al borrador presentado el pasado marzo, los cambios introducidos tras superar la fase de consulta son mínimos. El principal es que se suaviza el régimen de sanciones. El texto inicial preveía multas de entre 6.001 y 12.000 euros, además de su cese e inhabilitación, para los altos cargos que cometieses infracciones muy graves, como sacar beneficio para sí mismos o familiares en los actos administrativos o falsear los datos patrimoniales o empresariales.

Ahora, las sanciones más graves oscilarán entre los 1.500 y los 3.000 euros. Y el resto de las multas también se rebajan. En todo caso, la Xunta argumenta que la norma del Estado de similares características no contempla sanciones.

Otro cambio es que amplía la consideración de "interés familiar" del segundo al cuarto grado de consanguinidad. Esto implica que cuando un alto cargo tenga que decidir sobre algo que afecte a su familia hasta el cuatro grado o a las empresas en las que participen en tareas de dirección, se tendrán que abstener.

Al tomar posesión, los altos cargos tendrán que publicar las empresas para las que han trabajado los dos años anteriores y durante otros dos años después de su cese deberán informar a la Oficina de Incompatibilidades de su nuevo destino y obtener un pronunciamiento favorable.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó tras el Consello que el proyecto de ley, que ahora se remitirá al Parlamento, otorga rango legal por primera vez al código ético institucional que limita los presentes que pueden recibir los altos cargos y también que se regularán los trámites que puede cumplir un gobierno en funciones. En concreto, no podrán enviar proyectos de ley a la Cámara; autorizar convenios con el Estado, concellos o universidades; convocar oposiciones o adquirir compromisos de gasto más allá del gasto corriente o de "causas de urgencia debidamente acreditadas".

En cuanto al traspaso de poderes, Feijóo precisó que cada consellería deberá elaborar un informe de gestión en que se detalle información como la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago y los contratos y convenios vigentes.

Esos informes de cada departamento serán agrupados en un único documento y serán transmitidos del presidente saliente al presidente entrante. "Que no pase que no nos enteremos de cosas de las que debíamos estar enterados", dijo.