La investigación de la 'operación Patos'

La juez de Vigo ramifica la causa por juzgados de Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense

La instructora, que en las próximas horas dictará nuevas imputaciones, se inhibe de delitos en otros partidos judiciales n La investigación desgajada afecta a adjudicaciones de la Xunta y concellos

25.09.2015 | 01:12
Registro en el Concello de Ponteareas en febrero de 2014 en el marco de la ´operación Patos´.

La causa de la operación Patos, que investiga la mayor trama de corrupción destapada desde Vigo sobre presunto tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos, se desgajará en cuatro piezas separadas para su instrucción en distintas ciudades de Galicia. La magistrada viguesa de Instrucción 7, Carmen García Campos, notificó ayer los cuatro autos de inhibición en favor de los juzgados de Santiago, Pontevedra, Ponteareas, y Ourense para que se encarguen de la instrucción de hechos acontecidos en sus demarcaciones.

En los autos dictados ayer, la juez no se pronuncia sobre las 53 imputaciones solicitadas por el fiscal -que resolverá en cuestión de horas-, pero acuerda deducir testimonio de las actuaciones practicadas hasta el tomo 11 del sumario (que tiene 31), así como de informes policiales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) para su traslado a otros juzgados, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La magistrada adopta esta medida a tenor del dictamen que solicitó al fiscal de Delitos Económicos, Juan Carlos Horro, que recomendaba la apertura de piezas separadas una vez levantado el secreto de sumario para evitar una macrocausa e instruir por separado los casos en los que la participación de los principales investigados en Vigo resultara anecdótica o colateral, o en los casos en que la competencia territorial correspondiese a otro partido judicial.

La causa principal de la operación Patos, que incluye al Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra y la Autoridad Portuaria, se queda en el juzgado de Instrucción 7 de Vigo, al igual que la pieza separada del Concello de Nigrán, mientras que la documentación relativa a los Concellos de Santiago, Pontevedra y Ourense, así como a las adjudicaciones de otros organismos a las empresas Eiriña y Cespa, epicentro de la trama, se remitirá a los juzgados decanos de las distintas demarcaciones para su reparto.

A los juzgados de Ponteareas se traslada lo relativo a la adjudicación del mantenimiento y gestión de la estación de tratamiento de agua del municipio, así como las obras en el río Tea y la justificación de gastos en el centro de día, pues el fiscal entiende que los hechos no tienen "conexión jurídica" con lo investigado en Vigo. La UDEF en su informe involucraba al exalcalde Salvador González Solla y a la que era su edil de Hacienda, Belén Villar, en estas irregularidades.

Los juzgados de Pontevedra son los que reciben mayor carga de trabajo. A los tres supuestos amaños en tres contratos del Concello por dos millones de euros a Eiriña, se suman donaciones de la firma a la Cabalgata. El fiscal sostiene que aunque el dueño de la empresa, Enrique Alonso Pais -un hombre del PP que entró en el partido cuando Manuel Pérez era alcalde Vigo- , es uno de los principales implicados en los hechos que se investigan en Vigo, "resultan perfectamente separables al hacer referencia a funcionarios y autoridades" de la capital de la provincia. Los juzgados de Pontevedra investigarán también los supuestos enchufes por parte de cargos públicos en Cespa y presuntas irregularidades en la tramitación de subvenciones a Ence.

A los juzgados de Santiago les corresponde la investigación sobre supuestos amaños de Cespa en adjudicaciones del Concello. Un expediente por el que fue imputado Alfonso Clemente, delegado de la firma en Galicia en febrero de 2014. También se traslada a los juzgados compostelanos el expediente de remodelación del centro de salud de Vilaboa por ser una adjudicación del Sergas.

A los juzgados de Ourense les correspondería asumir las pesquisas sobre funcionarios y autoridades en el Concello. La policía sostiene en su informe que Cespa intentó ganarse el favor del Ayuntamiento ourensano con "invitaciones a eventos y viajes con gastos pagados" para hacerse con un contrato de conservación de jardines.

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