El Parlamento gallego acordó por unanimidad, a propuesta del Bloque, trasladar una proposición de ley al Congreso para reclamar la transferencia de la AP-9, titularidad del Estado, a la comunidad autónoma. Se trata de una vieja demanda de la Xunta, que ya fuera planteada por su presidente Alberto Núñez Feijóo, pero que fue rechazada por el Ministerio de Fomento en base a un informe jurídico que encargó sobre el posible traspaso de esta autopista.
Este documento dejaba claro la imposibilidad de ceder la titularidad de esta vía de comunicación porque como "obra pública de interés general" debe ser competencia exclusiva del Estado, tal y como establece la Constitución española, y porque además forma parte de la Red Transeuropea de Transporte.
Son tres los argumentos esgrimidos, en su momento, para rechazar la petición de la Xunta: sirve de acceso al noroeste de Portugal, está conectada con puertos y aeropuertos de interés general y constituye una red continua que soporta regularmente tráfico de largo recorrido para unir los diferentes territorios de España y comunicar con otros países de la UE".
Aún así, el PP gallego decidió respaldar con su voto la propuesta del BNG, a pesar de que los populares rechazaron ya varias veces en las Cortes la transferencia de la autopista que vertebra la comunidad gallega.
El diputado popular Alejandro Gómez defendió que su partido tiene "personalidad política" y por eso decidió dar su voto a favor. Recordó además que ya en 2006 apoyó una iniciativa similar que entonces fue rechazada por los partidos que sustentaban el gobierno bipartito.
Los portavoces de todos los grupos coincidieron en que la Autopista del Atlántico es una vía "vertebradora" de Galicia y alegaron que transcurre íntegramente por territorio autonómico.
