Para un mejor control de las cuentas públicas, todos los años los ayuntamientos deben enviar al Ministerio de Hacienda sus presupuestos. En ellos deben detallar de forma pormenorizada cuáles van a ser los gastos y los ingresos que tendrán durante ese ejercicio. Todas las cifras son previsiones de lo que creen que van a desembolsar y percibir por distintas vías. Una de ellas está relacionada con el sector de la construcción. Hasta antes de la crisis, los concellos tenían una inagotable fuente de financiación en el ladrillo. Pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria casi ha cerrado el grifo de esta partida.
En 2008, año del inicio de la recesión, los ayuntamientos gallegos presupuestaron que iban a recibir del impuesto de construcciones 117,7 millones. En 2014, fueron 30,3. Es decir, casi tres cuartas partes menos. El 74,2%. Pero además, la proyección de lo que iban a cobrar casi nunca se corresponde con lo que después ingresan de verdad. Por ejemplo, en 2008, de los 117,7 millones que comunicaron a Hacienda que pretendían recaudar por el ladrillo, al final recibieron 74,7. Es decir, un tercio menos (36,6%). En 2013, último año del que existen las cifras de liquidación de los presupuestos, las previsiones de ingresos de los concellos de Galicia procedentes de la actividad de la construcción fueron 37,1 millones y al final se quedaron en 24,3. Un 34,5% menos.
Estas partidas se corresponden al ICIO: el Impuesto indirecto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El ICIO es un canon que tienen que pagar las empresas constructoras a los ayuntamientos por realizar las obras. Esta tasa aumenta en función del tamaño del trabajo y grava la realización de cualquier construcción, instalación o reforma para la que es necesaria una licencia urbanística, siempre que su expedición corresponda al concello.
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Al comienzo de la crisis, la previsión de recaudación por el impuesto de construcciones representaba el 5% de todos los ingresos que esperaban obtener los ayuntamientos de la comunidad. En 2013 cayó al 1,4% y en 2014, al 1,2%.
Por provincias, el mayor desplome porcentual por este canon correspondió entre 2008 y 2014 a los concellos de Pontevedra, con un 78,5% (en 2013 había sido del 73,8%), seguidos de los de A Coruña, con un 73,4% (66% en 2013); Ourense, con un 68,9% (62,9% en 2013); y Lugo, con un 68,4% (66,7%). Los municipios de la provincia de A Coruña pasaron de vaticinar una recaudación de 60,6 millones en 2008 a 16,1 en 2014; los de Pontevedra, de 37,4 a 8; los de Lugo, de 13 a 3,9, y los de Ourense de 6,5 a 2,1 millones.
Según el número de habitantes de cada ayuntamiento, en los de menos de 5.000 habitantes, la caída ha sido del 55,2% al pasar de los 12,2 millones de 2008 a los 5,4 del año pasado. En los de 5.000 a 20.000 habitantes y en los de 20.000 a 50.000 el desplome fue superior al 80%. En el primer caso, del 81,8% (de 55,3 a 10 millones) y en el segundo, del 80,8% (de 22,7 a 4,3 millones).
En las siete grandes ciudades la bajada de la recaudación por el negocio inmobiliario fue menor. De las que tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes (Santiago, Ferrol, Lugo y Pontevedra) la previsión de ingresos por el Impuesto indirecto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras disminuyó un 70,3% entre 2008 y 2014. Esta tasa había reportado a estos cuatro consistorios 12,6 millones al inicio de la crisis y 3,7 durante el ejercicio pasado.
Los tres grandes ayuntamientos gallegos que superan los 100.000 habitantes (A Coruña, Vigo y Ourense) tenían previsto recaudar 14,7 millones de euros hace cinco años y 6,6 en 2014. El recorte ha sido del 54,5%.
El ICIO se establece al aplicar unos determinados porcentajes (que varían entre el 0,5% y el 4%) sobre el coste real de la construcción. Algunos ayuntamientos de la comunidad lo elevan hasta la décima parte del coste de la obra y otros lo reducen al 2% para incentivar la construcción. Otros optan por realizar excepciones o reducciones del impuesto.
La picaresca de los que presentan la solicitud para obtener la licencia urbanística es aportar un presupuesto más bajo que el real y así pagar un porcentaje menor. Sin embargo, existen concellos que después revisan que la obra haya costado lo que se ha presupuestado. Eso sí, si el importe es menor el consistorio debe devolver la parte correspondiente.
En 2008, los ayuntamientos gallegos habían presupuestado un 300% más de posibles ingresos del sector de la construcción que una década antes.
