Ante los retrasos en los pagos por parte de las administraciones, los autónomos reclaman compensaciones para el sector. Una de las propuestas que ponen sobre la mesa los autónomos es un recargo del 20% para todas las administraciones que no paguen en plazo: 30 días es el periodo fijado en la Ley de Morosidad. Al mismo tiempo reclaman la creación de un cuerpo de inspección que vigile el incumplimiento de los plazos legales, así como establecer un régimen sancionador para aquellas administraciones y empresas que incumplan de manera reiterada. Finalmente, demandan un buzón de denuncias donde los proveedores puedan dar cuenta de las administraciones morosas.
