La instrucción de dos macrocausas está en el punto de mira de la propia judicatura. Primero fue la Fiscalía gallega que llegó a advertir hasta en tres ocasiones a la instructora del caso de las multas de tráfico en Lugo, Estela San José, para que actuara con "diligencia" abriendo piezas separadas y enviando el caso a reparto. "Los instructores que no hacen bien su trabajo desprestigian a la Justicia y generan gran frustración en la ciudadanía", sentencia en octubre del año pasado el entonces fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en una entrevista a este periódico días después de que la Audiencia de Lugo anulase la investigación de la trama de la retirada de multas por fallos en la instrucción. En la memoria de 2014 recién publicada, la Fiscalía General del Estado carga en esta ocasión contra la instrucción de Pilar de Lara en la operación Carioca, una causa en la que fueron imputados mandos y agentes de la Guardia Civil de Lugo por supuestamente dar cobertura a una red que traficaba con mujeres para prostituirlas en burdeles de la ciudad. "Lentitud", "difícil manejo" y "peor entendimiento" son algunas de las apreciaciones que hace el Ministerio fiscal sobre la causa instruida en el Juzgado de Instrucción Número de Lugo, al que también atribuye incorrecciones en el proceso.
Prostitución, tráfico ilegal de personas, delitos de omisión del deber de perseguir delitos, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de influencias, cohecho y amenazas. Son algunos de los delitos que investiga desde finales 2009 la juez De Lara en el marco de la operación Carioca, cuyas pesquisas que derivaron en la Pokemon, la mayor trama de corrupción en Galicia por supuestos sobornos y amaños de contratos que salpican a más de un centenar de imputados.
Aunque no menciona directamente a la juez De Lara, en el apartado que analiza la actividad de los fiscales especialistas de Extranjería en el ámbito de la persecución penal, la Fiscalía del Estado alude a la "larga duración" de las diligencias previas por la "conocida en los medios de comunicación como operación Carioca". El departamento dirigido por Consuelo Madrigal desde diciembre del año pasado detalla las causas que han provocado que esta causa, que estalló en otoño de 2009, continúe todavía hoy en fase de instrucción. Uno de ellos, aunque advierte de que puede estar afectado de manera "mínima", es la "sucesión" de distintos fiscales en el seguimiento del caso. "La razón determinante -sentencia la Fiscalía- es que se ha generado una macrocausa de difícil manejo y peor entendimiento".
¿Los motivos de una instrucción tan "larga"? El Ministerio fiscal es tajante: la lentitud y las incorrecciones por parte del juzgado de Instrucción. En su exposición, la Fiscalía del Estado desvela la fecha en que se pidió que se formaran piezas separadas en la causa de los burdeles -10 de junio de 2013- y el día que se ordenó la formación de este desglose -"que no se dictó, según cuestiona, hasta el 7 de marzo de 2014"-.
El objetivo de que se formaran piezas separadas era "organizar el procedimiento en relación con los delitos perseguidos", ya que son de naturaleza "patentemente dispar", y así "facilitar su tramitación y conclusión poniendo coto a una instrucción que podría demorarse hasta el infinito si se sigue tirando del hilo sin límite".
Casi un año transcurrió desde que se ordenó la formación de piezas separadas hasta que el juzgado encargado de la instrucción accedió a ello. "Esas piezas se van tramitando y remitiendo a la Fiscalía provincial de Lugo generalmente para informe del fiscal, con lentitud y en ocasiones -advierte la Fiscalía del Estado en su memoria- sin haberse formado de manera correcta en cuanto a los folios de las actuaciones que deben incorporarse a cada pieza".
El temor al carpetazo de megaprocesos judiciales por fallos en la instrucción saltó en otoño pasado, cuando la Audiencia de Lugo anulaba la segunda causa en manos de la juez Estela San José. La primera había sido el carpetazo a la operación Rei, con ocho imputados por prevaricación y tráfico de influencias en el concello lucense de Castro de Rei. Y a esta le siguió, la trama de las multas de Lugo, con más de 70 implicados. Entonces, fiscales gallegos reconocían a este diario su "malestar" y "frustración" por la anulación de ambas causas y advertían de su temor a que otras investigaciones como la Carioca y la Pokemon, pudieran ser también anuladas por errores en la instrucción.
