Los ayuntamientos tienen una tarea extra para este año: enviar a Hacienda antes del 1 de noviembre los gastos en cada uno de los servicios que prestan a sus vecinos. Esta auditoría, aprobada durante la polémica reforma local que entró en vigor en enero de 2013, incluye hasta un total de cuatro formularios que las administraciones locales deberán remitir al Gobierno central pero que sin embargo sus resultados no servirán para evaluar el nivel de eficiencia de los servicios municipales ya que, según confirmaron a este periódico desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro, no se tendrán en cuenta las particularidades de cada territorio. En el caso de Galicia, tanto la Xunta como la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) habían reclamado durante la tramitación de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que se valorara la dispersión y el envejecimiento de la población para calcular el coste de los servicios municipales. Una demanda que el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se había comprometido durante un acto en Galicia a plasmar en la metodología con la que este año se calculará por primera vez el coste de los servicios municipales.
Pero finalmente los datos que publique el Ministerio de Hacienda -antes del 1 de diciembre- tendrán un carácter meramente informativo que no permitirán determinar el coste óptimo de un servicio. Es decir si un ayuntamiento ejerce sus prestaciones a costes competitivos o si por el contrario debe ahorrar por el sobreprecio en la recogida de basura, el tratamiento y depuración del agua, el alumbrado público o la red de servicios a los más desfavorecidos.
Para los ayuntamientos gallegos, las fórmulas para hallar el llamado coste efectivo, que durante la tramitación de la reforma local -se presentaron hasta diez borradores que pusieron en pie de guerra a alcaldes de todos los colores políticos- sustituyó al polémico coste estándar que se debía fijar para cada servicio municipal, deberían tener en cuenta las particularidades de cada comunidad y de cada ayuntamiento. Este análisis, según apuntan fuentes municipales, permitiría medir la eficiencia de los servicios y así poner fin al "perverso" sistema de financiación local. Y es que el actual reparto de fondos del Estado a los ayuntamientos se basa en tres variables -número de habitantes, esfuerzo fiscal y el llamado inverso proporcional- que acaban beneficiando a los municipios de mayor tamaño.
El modelo actual, según cuestionan los ayuntamientos gallegos, genera "desigualdades", "ineficiencias" y "desequilibros". Por lo que advierten de que el coste efectivo, que no tiene en cuenta variables como la dispersión o el envejecimiento, no permitirá medir el nivel de eficiencia de un servicio municipal, y en consecuencia, no se llegará a un diagnóstico que determine una financiación acorde a la realidad financiera de cada administración local.
Desde Hacienda matizan que aunque la metodología establecida no tiene en cuenta particularidades geográficas, los formularios requieren información "sobre unidades físicas relevantes en la prestación de servicios públicos" como el número de metros de abastecimiento de agua o alcantarillado o el número de personas afectadas.
Traspaso voluntario
Esta auditoría a la que someterá cada año el Gobierno central a los ayuntamientos no supondrá finalmente el traspaso obligatorio de competencias a las diputaciones durante un periodo de cinco años por parte de aquellas administraciones locales que no prestaran sus servicios de manera eficiente -tal y como recogía uno de los primeros borradores de la reforma-, sino que cada concello decidirá si opta por ceder a la corporación provincial esa prestación que no puede ofrecer a bajo coste.
Un informe encargado por el Gobierno al Instituto de Estudio Fiscales (IEF), dependiente Hacienda, y que sirvió de base para la reforma local analiza los gastos por habitante que acarrean los servicios municipales y qué coste deberían tener para garantizar una prestación de calidad y una gestión eficiente. Según el cálculo más optimista del IEF, el conjunto de los ayuntamientos gallegos podrían ahorrar hasta 61,7 millones anuales si prestasen sus servicios a precios competitivos, lo que supondría una rebaja en sus costes de un 18% en los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes y del 16%, en los de menos de 5.000 vecinos.
