Auditores de la UE denuncian sobrecostes en cursos de formación rural en Galicia

Alertan de que la Administración imparte la mayoría de los programas sin justificar por qué se excluye a formadores privados

21.10.2015 | 00:52

Financiación de proveedores de formación "nuevos" que en realidad ya existían, falta de control sobre los expertos que imparten cursos para profesionales del rural y sobre la moderación de los costes de los diferentes programas, abusos en la prestación interna de servicios, insuficiencias en el pago de la formación, riesgo de doble financiación...Son algunos de los ejemplos de "mala gestión y costes elevados" que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha detectado en los programas de formación profesional en zonas rurales financiados con fondos europeos y de los que, según su informe, la Comisión Europea (CE) no ejerce el control adecuado.

El organismo centra su documento en la gestión de los 4.000 millones asignados para el periodo 2014-2020 y pone como ejemplos de gestión deficiente a España -centrando el análisis solo en Galicia-, Austria, Polonia, Suecia y Reino Unido, países que absorben el 65% del gasto total.

En el caso de Galicia, el texto advierte de que la mayor parte de la formación era impartida por la propia Administración. El 89% del presupuesto se destinó, de hecho, a la prestación interna de servicios, sin que, según el tribunal, se alegasen motivos que justificasen la exclusión de formadores privados que "no han tenido la oportunidad de ejecutar estos proyectos al ser aprobados directamente por las autoridades de los Estados miembros". Solo el 11% de la cuantía invertida en la comunidad gallega en los cursos se ejecutó mediante un proceso de selección competitiva en el que se escogía al prestador de la formación por un sistema de puntos por méritos, pero que -alertan- se basaba en varios criterios "poco objetivos", lo que provócó "falta de transparencia y rigor" en las elecciones.

El organismo detectó además que la UE no realizó ninguna inspección para controlar si las autoridades que impartieron cursos de formación rural en la comunidad gallega contaban con "la experiencia y las capacidades técnicas y administrativas" que requería el programa. "Las autoridades confiaron en los datos aportados por los prestadores sin comprobar su veracidad", denuncia el Tribunal de Cuentas Europeo.

En el texto del TC se pone a Galicia como ejemplo de exceso de costes en las subvenciones de desarrollo rural, al destacar un caso en la comunidad gallega el que se aceptó el incremento del presupuesto para un proyecto de formación sin pedir a los solicitantes documentos para acreditar la necesidad de ese incremento. En el informe se vuelve a nombrar a Galicia para denunciar que cursos de manipulación de productos fitosanitarios y bienestar de los animales para agricultores y ganaderos impartidos por más de 2.000 euros se ofertaban en la comunidad por 200 euros. Los pagos -denuncian- tampoco se ajustaron en algunos casos al número de usuarios porque "las listas de asistencia se habían firmado con antelación y, por tanto, no eran fiables".

El escrito también hace referencia a la financiación de "nuevos servicios de asesoramiento" en Galicia, que en realidad ya existían antes de la ejecución del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 pero a los que se le añadieron "nuevos temas" para justificar la contratación de más asesores, el alquiler de otras instalaciones o la compra de material.

La fiscalización del tribunal confirmó que el sistema corrió el riesgo de doble financiación porque varios cursos de informática y emprendimiento cooperativo en el rural recibieron financiación de fondos europeos distintos debido a que los criterios no estaban bien definidos. A raíz de la evaluación del PDR 2014-2020, la CE envió una carta al Gobierno gallego en la que se insistía en la necesidad de evitar estas dualidades. Aún así, el tribunal reconoce que Galicia ya tomó medidas para reducir este riesgo con el sellado de facturas.

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