La Fiscalía prevé que la reforma procesal liberará en un 35% los juzgados gallegos

Suanzes considera que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno podría "imposibilitar" el trabajo de los fiscales si no se amplían la plantilla y los medios técnicos

23.10.2015 | 01:44
El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ayer, en la presentación de la memoria de 2014.

El Gobierno prevé que el próximo 7 de diciembre entre en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los plazos de instrucción a seis o 18 meses prorrogables. El Consejo Fiscal ya mostró a finales de octubre su descontento con la norma al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que es "inaplicable" con los medios actuales. También el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, destacó ayer en la presentación de la memoria de 2014 de la Fiscalía gallega, que la nueva ley podría generar "problemas" y desembocar en "una imposibilidad absoluta" para que los 146 fiscales de la comunidad puedan "revisar y ver el gran número de procesos que existen" con la plantilla y los medios técnicos actuales. De todas formas, admite que la reforma permitirá liberar a la Justicia gallega del 35% de los casos que llegan a los tribunales, debido a que se suprimirá el envío de los atestados sin autor conocido a juzgados y fiscalías salvo en casos puntuales. Para Suanzes, estos asuntos con escasas posibilidades de terminar en resolución "saturan innecesariamente" el sistema judicial porque "generan mucha burocracia" que provocan "retrasos en la tramitación de los temas más importantes y urgentes".

En su intervención destacó que estas "serias deficiencias" en la gestión de los procedimientos penales son el motivo de que en 2014 siete de cada diez asuntos acabasen de forma anticipada en la fase de instrucción sin llegar siquiera a ser objeto de cualificación fiscal. De los 224.000 procesos tramitados el año pasado en Galicia, unos 210.203 -el 70%- se cerraron con sobreseimiento o fueron archivados, mientras que solo en 13.797 -apenas un 6%- se dictó sentencia. Más del 30% de los asuntos que acabaron el año pasado de forma anticipada -la mayoría delitos patrimoniales- fueron sobreseídos por falta de autor conocido, precisamente los que el Gobierno central pretende evitar que lleguen a los juzgados para así descongestionarlos de carga de trabajo.

Pese a los contras que, en su opinión, tiene la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el fiscal superior de Galicia espera que la instrucción enviada desde el ministerio a los fiscales para orientarles cómo deben actuar y adaptarse a los cambios permita aprovechar las ventajas que ofrece la norma como la agilización de las causas. Suanzes pidió un pacto de Estado de "cuántos más partidos mejor" para que se aumente la inversión destinada a la Justicia. En el caso de Galicia destacó que el Ministerio público cuenta con 146 fiscales con plaza -170 si se incluyen los sustitutos- y alertó de que el ratio de funcionarios auxiliares no llega a uno por fiscal. Señaló, sin embargo, que no solo se trata de dotar de más medios humanos y técnicos a la administración de justicia sino que es necesario llegar a un acuerdo sobre si las investigaciones deben realizarlas los fiscales o los magistrados.

Aunque en los tribunales gallegos todavía se acumulan causas pendientes, los más de 224.000 procesos tramitados el año pasado son un 9,3% menos que en 2013. Esta caída se une a la tendencia a la baja del último lustro con un descenso de la criminalidad en un 27% en comparación con las 307.000 causas que entraron en los juzgados de la comunidad en 2010.

A pesar de esta bajada a nivel general, los delitos de corrupción, por el contrario, registraron un aumento del 123% con 228 casos, de los que destacan los 93 que fueron cualificados y que son más del doble que en 2013. Aún así, 2014 se cerró con solo siete fallos judiciales para este tipo de casos, lo que supone un 30% menos que el año anterior. El fiscal superior de Galicia aclaró que en este capítulo no solo se incluyen los supuestos de corrupción política, sino también económica y social. De hecho, el 74% del total de causas relacionadas con corrupción cualificadas el año pasado tiene que ver con la alteración de precios en concursos y subastas públicas. La memoria de la Fiscalía Superior de Galicia incluye varias propuestas para prevenir la corrupción y sugiere a la Xunta que en la reforma del Consello de Contas se incida en la transparencia en la gestión pública con la creación de una base de datos que permita verificar los conflictos que puedan darse en cada proceso de licitación, además de la publicación en una página web de todas las fases del contrato público.

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