n Aprobada la ley que obliga a los cargos de la Xunta imputados a pagar la defensa si son condenados

23.10.2015 | 01:11

El Gobierno gallego refrendó ayer la última norma pendiente del paquete de "impulso democrático" comprometido por su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de la ley que regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y a autoridades de la Administración autonómica con conflictos en los tribunales y que hasta ahora se regían por una norma de 1984. Entre las principales novedades de la ley se encuentra la cobertura de "vacíos legales" y la introducción de que sea la Asesoría Xurídica de la Xunta -y no solo la consellería de la que dependa el empleado público o cargo en cuestión- la que decida si el imputado es defendido. Además, si éste perdiese el pleito y resulta condenado deberá abonar los gastos generados en el proceso. Hasta el momento en la Administración gallega la decisión acostumbra a partir del departamento en cuestión, aunque la última palabra la suele tener la Asesoría Xurídica, que decide si veta o no una defensa. Ahora quedará regulado por una ley que, además, rechazará la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya "indicios" de que ha actuado "contra los intereses de la administración". Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento, podrá ser "revocada" en cualquier momento. Según había avanzado Feijóo, si se niega la defensa a un empleado público por una actuación durante sus funciones y es absuelto, deberá ser indemnizado por la Administración autonómica.

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