La Xunta aprueba normas y leyes de forma continua. La mayoría de ellas no tiene problemas, pero hay algunas que por alguna razón no gustan a los diferentes gobiernos centrales. Es entonces cuando las impugnan ante el Tribunal Constitucional porque consideran que invaden sus competencias o las ven injustas. Desde 1980 y hasta el pasado mes de junio, el Estado presentó un total de 44 imputaciones contra leyes y normas aprobadas por la Xunta. Este volumen de litigios convierte a Galicia en la tercera comunidad con más recursos de inconstitucionalidad, solo superada por Cataluña (143) y País Vasco (92), según los últimos datos del Ministerio de Hacienda.

Las impugnaciones se dividen en conflictos y recursos de inconstitucionalidad. Los primeros están reservados para normas que no tienen rango de ley. Desde 1980, el Estado ha interpuesto 24 contra Galicia. Los segundos se presentan cuando lo que se impugna es una ley. En este caso han sido 20.

Las 44 impugnaciones que ha recibido la Xunta han tenido un comportamiento dispar. Once fueron desestimadas, ya que se llegó a un acuerdo en las diferentes comisiones bilaterales Estado-Galicia que se crean para negociar estas discrepancias. La gran mayoría (30) han sido sentenciadas por el Tribunal Constitucional, mientras que tres aún quedan pendientes de la resolución.

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Pero no solo el Gobierno reclama a la comunidad. Esta también lo hace con el Estado. En los últimos 35 años, la Xunta ha impugnado hasta un total de 84 normas y leyes nacionales. De ellas, 53 fueron conflictos y 31 recursos. Una quincena se desestimó, 66 recibieron sentencia, mientras que tres están todavía pendientes de ser estudiados. En este apartado, Galicia es la cuarta comunidad que más recursos y conflictos presentó al Gobierno central. La superan Cataluña (395), País Vasco (183) y Andalucía (88).

En total, el Estado y las 17 comunidades se han cruzado 1.619 imputaciones de leyes desde el arranque de las autonomías en 1980 y hasta el pasado mes de junio. El 58% han tenido como protagonista a las tres comunidades históricas: Cataluña (33%), País Vasco (17%) y Galicia (8%).

Aún quedan por resolver 169. La más antigua data de 2005, aunque también quedan dos que se presentaron en 2006; tres en 2007 y otras dos en 2009. En 2014 el Tribunal Constitucional sentenció 60 asuntos. Entre ellos, uno fue del año 2002, cinco de 2003, uno de 2005, dos de 2006 y 11 de 2007. Y en el primer semestre de 2015 quedaron resueltos 24 asuntos.

Comunidades

Tras las tres comunidades históricas, la cuarta con mayor conflictividad constitucional es Andalucía, que suma 125, seguida de Canarias, con 88; Aragón, con 69; Navarra, con 57; Castilla-La Mancha, con 50; Baleares y Comunidad Valenciana, con 47; Extremadura, con 45; Asturias, con 35; Madrid, con 31; Cantabria, con 30; Castilla y León, con 27; La Rioja, con 14 y Murcia, con 13. Castilla La Mancha, Cantabria y Baleares son las únicas comunidades que no tenían pendiente ninguna sentencia del Tribunal Constitucional hasta el primer semestre de 2015. En los últimos 35 años, la primera había recibido o presentado 50 impugnaciones, de las que 30 fueron desestimadas y 20 sentenciadas; la segunda, 47 y la tercera, 30.