Los ayuntamientos gallegos elaboran cada año sus presupuestos con las previsiones de ingresos que consideran que van a recibir durante ese ejercicio y que proceden de diferentes partidas: impuestos directos e indirectos, tasas, sanciones... Pero no todos llegan a cobrarse. La última radiografía realizada por el Ministerio de Hacienda sobre las economías de las administraciones locales fija en 390 millones de euros los ingresos pendientes de dudoso cobro por parte de los ayuntamientos gallegos. Esta cifra representa el 19% del presupuesto municipal en la comunidad, que alcanza los 2.033 millones.
Las diputaciones también afrontan estas partidas difíciles de recaudar, que llegan a los 9,4 millones, lo que eleva la cantidad de dudoso cobro por parte de las administraciones locales en Galicia hasta los 401 millones. Esto supone el 16% del presupuesto total de concellos y diputaciones. La parte correspondiente a las corporaciones provinciales se ha duplicado en 2013 con respecto al ejercicio anterior, cuando eran 4,5 millones.
En este capítulo de dudoso ingreso aparecen aquellos derechos pendientes de cobro que se consideran que son de difícil o imposible recaudación. Es decir, tasas, impuestos, sanciones o facturas por servicios que ofrecen las empresas del municipio. También están en la lista sentencias sin ejecutar en las que los concellos deben recibir una indemnización o ventas de solares o edificios.
Al final, pasan los años y las administraciones locales no son capaces de que les abonen esos recibos y además tienen muy pocas perspectivas de hacerlo, por lo que finalmente tienen que reflejar el volumen de estas partidas en su informe de liquidación de presupuestos que envían a Hacienda.
Antes de que estallase la crisis, en 2008, los ayuntamientos gallegos tenían un saldo de dudoso cobro que superaba los 316 millones. Desde entonces hasta 2013, esas cantidades se han incrementado un 23,4% hasta los 390. En los últimos cuatro años la cifra de morosidad no ha parado de aumentar. De los 353 millones de 2010 se han pasado a los 360 de 2011, y de estos a los 365 de 2012 para acabar en los 390 de 2013.
Las diputaciones han tenido un comportamiento menos uniforme. La partida de difícil ingreso en 2010 sumaba 25,8 millones. Cayó hasta los 9,7 en 2011 y volvió a descender hasta los 4,5 en 2012, aunque se incrementó hasta los 9,4 en 2013.
Por provincias, los ayuntamientos de Pontevedra son los que tienen una mayor cantidad de deudas de dudoso cobro, 172,3 millones. Les siguen los de A Coruña, con 128,7; Ourense, con 47,2, y Lugo, con 42,2.
Las diputaciones poseen 9,4 millones de difícil o imposible recaudación, pero el departamento de Cristóbal Montoro no especifica a qué corporaciones provinciales corresponden, al igual que sucede con los ayuntamientos. Pero sí destaca que algo más de un tercio, el 35%, de los saldos de dudoso cobro pertenecen a los ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Ourense, que son los que tienen más de 100.000 habitantes. Los concellos con menos de 5.000 habitantes acumulan deudas difíciles de percibir por un importe de 42 millones; los que tienen entre 5.000 y 20.000, 84 millones; entre 20.000 y 50.000, 51 millones, y entre 50.000 y 100.000, 73 millones.
A nivel nacional, las cifras resultan mucho más abultadas, ya que los municipios poseen 8.500 millones calificados como de muy difícil recaudación (casi el doble que en 2011), a los que hay que sumar otros 247 en poder de las diputaciones provinciales (170 en 2011), sin contar las de régimen foral del País Vasco y Navarra, que en su caso ascienden a 2.066 (1.164 millones en 2011), aunque éstas cuentan con un funcionamiento específico por tener mayores competencias.
Todas estas cifras casi se han duplicado en los últimos dos años. En 2011 los ayuntamientos españoles tenían un morosidad de 4.541 millones, un 87% menos que en 2013. Las diputaciones de régimen común, 247, un 45% menos; y las de régimen foral, 1.164, un 77% menos.
