El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, se convirtió en protagonista del pleno de investidura de la Diputación de Lugo el pasado junio al aupar al PP a la Presidencia tras negarse a votar a un candidato alternativo a él mismo debido a que el BNG le había vetado por estar imputado en el caso de unas obras de una carretera en Portomarín. Cuatro meses después, su voto en una moción de censura promovida por socialistas y nacionalistas permitió que su partido, en alianza con el Bloque, arrebatase el bastón de mando a los populares. Pese a recuperar el timón de la institución provincial, el nuevo bipartito se enfrentó en las últimas semanas por la configuración del nuevo equipo de gobierno. La posición del Bloque era clara: no admitirían un imputado en la Presidencia ni en la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo.

El actual presidente, el socialista Darío Campos, mantuvo desde su toma de posesión que Manuel Martínez estaría en el nuevo gobierno, pero finalmente no lo incluyó en la junta de gobierno y le ofreció llevar el departamento de Vías y Obras. El regidor de Becerreá al conocer que no estaría en la directiva optó por quedarse fuera y rechazar el cargo. Campos aclaró que Martínez, al que define como "compañero y amigo personal", tiene "las puertas abiertas" de la Diputación si quiere reincorporarse a Vías y Obras, que llevará el alcalde de A Fonsagrada, Argelio Fernández. De todas formas, Martínez seguirá integrado en el grupo socialista y el presidente de la Diputación confía en que "vote en consecuencia", aunque desconoce lo que va a hacer.

Pese a la marcha del regidor de Becerreá, la Diputación contará con dos imputados: el alcalde de Pol, Lino Rodríguez Ónega, como responsable de las áreas de Medio Rural, Mar y Medio Ambiente y además miembro de la junta de gobierno; y la regidora de Viveiro, María Loureiro, que colaborará con Álvaro Santos en el departamento de Promoción Económica y Social. Además de Argelio Fernández en Xestión Territorial y Vías y Obras; y Lino Rodríguez en Medio Rural y Medio Ambiente; los socialistas estarán representados por Miguel Ángel Soutela en Goberno interior, Asuntos Xerais y Formación; Pilar García Porto a cargo de Economía, Recadación, Facenda y Contas; y Eduardo Vidal al frente de Promoción do Territorio y Turismo.

Los nacionalistas, por su parte, ganan peso en el gobierno provincial con dos diputados: Antonio Veiga como vicepresidente y delegado de Deportes y Asistencia aos Concellos, mientras que Xosé Ferreiro asumirá las competencias de Cultura, Patrimonio Histórico, Normalización Lingüística junto con la dirección del Centro de Artesanía y Diseño.

Campos aclaró que en en las negociaciones con el BNG no hubo "reparto de pastel" ni ningún tipo de "oscurantimo". El presidente de la Diputación lucense echó la vista atrás y recordó que en lo que pasó hace cuatro meses todos metieron "la pata", tanto el PSdeG como el BNG y también Manuel Martínez, al que atribuyó "cierta responsabilidad" reconociendo que era "el punto discrepante" con los nacionalistas. "Por un lado estaba el Bloque y por el otro Martínez, y yo en el medio" aseguró.

El vicepresidente Antonio Veiga defendió que no era lógico ni conveniente que Martínez estuviese en la junta del gobierno de la Diputación. "Por lo que vemos no va a estar y esas fueron las condiciones que el BNG puso en su día", afirmó.

Desde el PP, Elena Candia reclamó al Bloque que aclare a qué se debe "su cambio de criterio en la valoración de los imputados", porque censuraron la entrada de Manuel Martínez en la junta de gobierno pero avalaron la del alcalde de Pol. Socialistas y nacionalistas, a su juicio, se han repartido el poder "en función de sus intereses personales y de unas prebendas que siguen ocultando a la ciudadanía".