El diputado del PSdeG Xosé Sánchez Bugallo advirtió ayer de que hay 11.000 familias gallegas que se beneficiaron de hipotecas subsididas que pueden perder las ayudas "y millares de ellas aún no lo saben". Bugallo recordó que "aún no está resuelto el problema" provocado por la "aberración jurídica" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de retirar las ayudas de las prórrogas de los préstamos hipotecarios subsidiados.

El responsable socialista aseguró que con esta "maniobra" el gobierno del PP quiso retirar las ayudas del Gobierno sobre los intereses de préstamos hipotecarios concedidos basados en los planes nacionales de vivienda 2002-2005, 2005-2008 y 2009-2012. Y estas ayudas afectan a 11.000 personas, según el PSdeG.

Bugallo pidió una "solución" para no trasladar a los ciudadanos el "problema" entre Administración gallega y central, a lo que la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, respondió que esta circunstancia "ya está solucionada". En su turno de réplica, Bugallo subrayó que esto "estaría bien si fuera verdad".

Ethel Vázquez reiteró que la polémica se refiere a "una ayuda creada, financiada y suprimida por el estado" y aseguró que "la Xunta siempre defendió los intereses de los beneficiarios", por lo que revisó de oficio, según los datos que aportó, 1.875 resoluciones de solicitudes de prórroga. Vázquez indicó que en "dos de cada tres" casos se comprobó que los solicitantes de la prórroga de la subsidiación cumplían los requisitos y que por ello se dictó una nueva resolución aprobatoria.

Previamente, el socialista aludió a datos recabados en comisión según los cuales 1.150 solicitudes fueron resueltas favorablemente y 650 denegadas, para destacar. Bugallo contrapuso que los planes nacionales de vivienda de los que se derivan los subsidios alcanzaron a un número mayor, de unas 12.000 viviendas. La conselleira alegó que "los jueces reconocen que no es la Xunta la que debe pagar" en sentencias favorables a los demandantes de estos subsidios, "sino el estado", al tratarse de una "ayuda estatal" en la que el Gobierno gallego se ocupa de su "tramitación".