La Xunta sanciona en un año a casi 600 interinos por rechazar las sustituciones

Los trabajadores no contestan a la convocatoria, renuncian a la plaza o dejan el servicio. Son penalizados doce meses sin ser llamados de nuevo para un empleo

02.11.2015 | 17:47
La Xunta sanciona en un año a casi 600 interinos por rechazar las sustituciones

Miles de personas están inscritas en las listas de sustituciones de la Xunta con la intención de cubrir temporalmente las vacantes que se producen. Es una fórmula más para acceder a un puesto de trabajo, aunque con las limitaciones de que los aspirantes pueden ser llamados en cualquier momento y para prestar servicio en cualquier punto de la comunidad, además de que la duración del contrato será temporal, por el tiempo que dure la baja del titular del puesto. Estas circunstancias son las que llevan precisamente a que centenares de personas renuncien cada año al trabajo ofrecido por la Xunta cuando son convocados, porque el destino no resulta atractivo, porque en ese momento no es oportuno o, simplemente, porque queda demasiado lejos del lugar de residencia. Pero el rechazo tiene sus consecuencias. La principal, que el interino es penalizado durante un año, periodo en el cual no se podrá apuntar a las listas de sustituciones y tampoco volverá a ser llamado para cubrir ninguna plaza vacante de funcionario o personal laboral.

El año pasado, según los datos aportados por la Consellería de Facenda, se penalizó por este motivo a 581 personas, eliminándolas automáticamente del registro de sustituciones. "De no existir este mecanismo de penalización y que las personas inscritas pudiesen rechazar las ofertas de empleo, la continuidad del servicio público quedaría comprometida por la previsible demora en la cobertura de las plazas vacantes", explica el departamento de Valeriano Martínez.

Facenda añade que además la Xunta tendría "muchas dificultades" para cubrir las ausencias en las plazas menos atractivas, bien por estar en localidades distantes de los grandes núcleos de población, bien por presentar condiciones de trabajo menos favorables.

Las principales causas que dan lugar a la penalización y borrado de las listas de sustituciones son la falta de respuesta a la llamada para incorporarse al puesto de trabajo, el rechazo de la plaza ofertada y, también, el abandono de la prestación del servicio una vez que el empleo fue asignado. Hay excepciones en la aplicación de la sanción, como que la persona haya encontrado previamente otro trabajo, aunque sea temporal, o que avise con suficiente antelación que durante un periodo determinado de tiempo no está disponible. En este caso, no hay penalización alguna.

Facenda sostiene que este régimen es común a las administraciones para evitar la desatención de determinados puestos sensibles. "Hay que tener en cuenta que entre los puestos ofertados se incluyen ámbitos prioritarios como los servicios de bienestar o de lucha contra los incendios que la Administración autonómica tiene que cubrir en el menor tiempo posible para garantizar el correcto funcionamiento de estos servicios básicos", argumenta la Xunta. "Los contratos se ofrecen con la secuencia azarosa con la que se producen las necesidades de servicio y precisamente para asegurar la correcta cobertura es por lo que se prevé un mecanismo de sanción", añade.

Las listas de sustituciones que regula la Consellería de Facenda se corresponden con el ámbito de la Administración general, quedando al margen las del Sergas y de Educación, que son gestionadas por sus respectivas consellerías.

Cada año, entre marzo y julio, la Xunta determina, en función de las necesidades de personal que estima pertinentes y el número de personas ya inscritas, en qué servicios se pueden apuntar más aspirantes a un empleo. Así, para este año el Gobierno gallego consideró necesario ampliar los candidatos para cubrir vacantes de, entre otros cuerpos, técnicos de estadística y de finanzas, ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, ingenieros de minas, delineantes, encargados de mantenimiento, conservador de edificios, guarda jurado, veterinarios, comunicaciones, agentes forestales o técnicos de inmersión o intervención subacuática e hiperbárica.

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