Tras los impagos de tributos puede haber intento de fraude por parte de los ciudadano o empresas, pero también errores, tanto por parte del contribuyente como de la Administración, y situaciones económicas muy difíciles que hacen imposible afrontar el abono de los impuestos por muchas reclamaciones de apremio que envíe la Xunta o la Agencia Tributaria. Así, el pasado año la comunidad autónoma tuvo que renunciar a ingresar 2,538 millones de euros debido a las insolvencias, repartidos casi a partes iguales entre el Gobierno gallego y la Agencia Tributaria.
El Ministerio de Hacienda alerta en su informe sobre la gestión recaudatoria de Galicia sobre la "importancia relativa de las datas por fallidos", en relación a las insolvencias. El número de deudores insolventes se redujo en 2014 con respecto al año anterior, al pasar de un millar a poco más de 500, lo que se tradujo también en una rebaja del importe por impago de impuestos, que bajó de los 3,1 millones de euros a los 2,5.
"Tratándose de impuestos ligados al patrimonio, deberían reducirse con una gestión más cercana al producción de los hechos imponibles", recomienda el Ministerio de Hacienda al Gobierno gallego, sobre la posibilidad de recortar al mínimo los casos de insolvencia.
Pero no es el único dinero que se deja de ingresar. También se perdieron 189.000 euros por prescripción de la deuda, que en su práctica totalidad corresponden a las gestiones realizadas por la Consellería de Facenda.
Además, Hacienda revela que por el camino se quedaron otros 912.000 euros que tampoco se pudieron cobrar por causas varias que no llega a precisar en su informe. En total fueron 3,6 los millones que no fueron a las arcas autonómicas.
